Justicia intimó a piqueteros a desalojar; Gobierno argentino oficializó denuncia

El comandante de la gendarmería de Gualeguaychú, Carlos Arias, leyó esta mañana a los asambleistas presentes en Arroyo Verde la notificación del juez federal Gustavo Pimentel, en la que se expresa que se debe desalojar el corte sobre la ruta 136, según informa el portal argentino Infobae

Anoche, la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú aceptó discutir el miércoles la posibilidad de levantar el bloqueo del puente Gral. San Martín por dos meses. La decisión de los piqueteros se tomaría si hay un compromiso oficial de permitir el monitoreo a UPM (ex Botnia), desde dentro de la planta.

En declaraciones al canal TN, el asambleísta Oscar Vargas explicó que pedirán al gobierno nacional que les permita quedarse en el puesto que instalaron en Arroyo Verde los piqueteros, mientras dure el levantamiento del bloqueo.

Además, esta mañana, en el Boletín Oficial de Argentina, el equivalente al Diario Oficial de Uruguay, aparece promulgado el decreto firmado por la presidenta Cristina Fernández, que autoriza al procurador del Tesoro de la Nación, Joaquín Da Rocha, a presentarse como querellante en la causa 57.839, según informó lanacion.com .

En el expediente la Casa Rosada acusó civil y penalmente a diez asambleístas.

El decreto 828 afirma que "la ocupación indebida" del paso fronterizo internacional "ha implicado la comisión de diferentes ilícitos que comprometen una amplia variedad de bienes jurídicos públicos y privados tutelados por la Constitución Nacional y cuya detección y cese, a los efectos de su eficaz tutela, corresponde a los poderes del Estado".

Tras citar los ejes del fallo que la Corte Internacional de La Haya emitió el 20 de abril último, el decreto afirma: "Corresponde garantizar el normal ejercicio de los derechos constitucionales de transitar, entrar y salir libremente por y del territorio nacional, usar los servicios públicos de transporte nacionales e internacionales, trabajar y comerciar permitiendo, en consecuencia, la circulación de los vehículos que transiten por las rutas nacionales y la totalidad de los pasos fronterizos".

Los delitos de los que son acusados los asambleístas son: homicidio culposo, privaciones de la libertad, amenazas calificadas, extorsión, instigación a cometer delitos, actos de intimidación pública y manifestaciones que constituirían apología del delito.

"En función de ello, se considera necesario asumir el rol de querellante frente a los delitos imputados que vulneren bienes jurídicos universales de los que el Estado Nacional es custodio y responsable", concluye la norma que firman Cristina Kirchner y el ministro de Justicia, Julio Alak.