El gobierno está pronto a acordar el pago de unos US$ 120 millones a los tres bancos extranjeros que eran accionistas del ex banco Comercial. Pero Ignacio de Posadas dice que ese dinero está embargado por un grupo de ex ahorristas.
Durante la presidencia de Tabaré Vázquez, Uruguay litigó en Estados Unidos contra JP Morgan, Credit Suisse y Dresdner Bank -instituciones que reclamaban US$ 100 millones (más intereses) por la recapitalización del antiguo Banco Comercial- y perdió.
Pero un grupo de ex ahorristas del ex Comercial trabaron embargo sobre esos créditos, el pago del gobierno uruguayo no se concretó y siguió negociando con esos tres bancos extranjeros posibles salidas al diferendo existente.
Ayer jueves, el semanario Búsqueda informó que está por cerrarse un acuerdo entre el gobierno y los tres bancos extranjeros -que cuenta con el aval del presidente José Mujica-, y que incluye el pago de US$ 120 millones y algunas obligaciones para el Banco Central del Uruguay que redundará en beneficios para JP Morgan, Dresdner Bank y Credit Suisse, entre ellos la posibilidad de volver a operar en la plaza uruguaya.
Pero los US$ 120 millones no llegará a los bancos, puesto que esos créditos fueron embargados por la Justicia Civil, informó el abogado Ignacio de Posadas, quien tiempo atrás solicitó esa medida en representación de un grupo de ex ahorristas del ex Comercial que fueron damnificados por su quiebra.
De Posadas dijo a El País que el expediente que incluye el embargo está en trámite en un juzgado civil y sin sentencia de primera instancia.
Respecto al posible pago, Mujica dijo ayer en la tarde que "esa es vieja, viene de la época de don Jorge Batlle". Un periodista le preguntó si son US$ 120 millones, a lo que el presidente respondió: "bueno, tendremos que negociarla".
historia. Los tres bancos extranjeros compartían la propiedad del ex Comercial con el Grupo Rohm (propiedad de los empresarios argentinos Carlos y José Rohm).
En el verano de 2002 esa institución -que era el principal banco privado de plaza- sufrió una fuga millonaria de depósitos, fundamentalmente de argentinos.
El gobierno de Jorge Batlle buscó frenar esa corrida y tras una dura negociación con los tres socios privados del Comercial logró la capitalización de la institución. Acordaron que cada uno aportara US$ 33 millones y que, si el banco se fundía, el Estado debía devolver esa cifra invertida.
En diciembre de 2002 se dispuso la liquidación del Comercial y en 2003 se creó el Nuevo Banco Comercial.
Tras el cierre de la institución, los tres bancos extranjeros reclamaron la devolución del dinero que invirtieron en la capitalización del banco, a lo que el gobierno se negó.
Entonces, se inició un arbitraje en la Corte de la Cámara de Comercio, que en diciembre de 2004 determinó que Uruguay debía pagar US$ 33 millones a cada uno de los tres bancos demandantes, además de los honorarios de sus abogados.
Posteriormente, en mayo de 2008, la Corte Internacional de Arbitraje, desestimó un reclamo de Uruguay y concluyó que ni los tres bancos ni sus representantes actuaron con mala conducta intencional en la gestión del ex Comercial.
Búsqueda publicó que según esos laudos, el Estado debía abonar US$ 190 millones. En el gobierno de Tabaré Vázquez se buscó reducir ese monto y la administración de Mujica retomó la negociación, que estaría cerca de cerrarse.
El estudio Ferrere, que representa a los bancos extranjeros, no hizo comentarios respecto al estado de la negociación con el gobierno.
Demanda de ex ahorristas
El gobierno tiene otro tema que refiere a la crisis financiera de 2002 y es la demanda que ex ahorristas del quebrado Banco de Montevideo presentaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
Se trata de 708 personas, que reclaman se les reconozca la calidad de ahorristas del ex Banco de Montevideo y se les reintegre hasta un máximo de US$ 100 mil, como ocurrió con otros ex ahorristas de esa institución.