Internas clamaron por ayuda al juez

E. BARRENECHE / P. MELENDREZ

El infierno se desató hace dos años. La situación del Hogar Femenino de Paysandú era inaguantable para internas y funcionarios del INAU. Dos menores protagonizaron un combo de excesos: prostitución, drogas, bailes y privilegios.

El 16 de febrero de este año, un grupo de adolescentes del Hogar del INAU sanducero envió una carta a la Justicia Penal pidiendo ayuda ante "la violencia" generada por dos internas.

Seis meses más tarde, el 10 de agosto, las adolescentes enviaron una segunda carta al Juzgado solicitando protección ante la situación insostenible que se vivía dentro del hogar. Alegaban que no había existido cambios entre una misiva y otra.

Al ser citadas por la magistrada actuante, una de las internas declaró que eran maltratadas por las dos denunciadas. "Ellas nos pegan, rompen nuestras cosas, nos amenazan si no las obedecemos", declaró una adolescente según el auto de procesamiento de la jueza Blanca Rieiro, que el sábado 2 procesó con prisión a Julián Rosano (en la cárcel desde septiembre por narcotráfico) y sin prisión a la jefa departamental del INAU, Mónica Innella, por omisión en el cargo.

Otra menor señaló en la sede que las internas denunciadas "nos dicen que `nos va a matar a palos, te voy a pisar la cabeza y te voy a hacer la vida imposible`. Ellas hacen y deshacen dentro del hogar. El personal también les tiene miedo".

También hay testimonios de amenazas con una navaja. "Ella siempre ha sido como una reina allá adentro. Para mí es una asesina y las dos juntas son algo impresionante", declaró una menor sobre las dos internas que salían a prostituirse.

Una funcionaria dijo en el Juzgado que la amenaza con la navaja fue anotada en el cuaderno de novedades e informada a la jefa departamental del INAU, quien contestó que no podía concurrir al hogar.

Varias internas coincidieron ante la Justicia Penal que habían informado de ello a los funcionarios, pero que la situación continuaba incambiada.

Y.M., una funcionaria del INAU, indicó que todas las internas "estaban corriendo riesgo de diferente tipo e incluso los bebés (allí alojados)" y agregó que solicitó a la Jefatura Departamental del INAU en Paysandú la reubicación de las dos internas peligrosas en otro hogar del instituto.

Las menores denunciadas entraban y salían a cualquier hora. No lavaban los platos ni las ollas que utilizaban para cocinar cuando llegaban al hogar por la mañana. Es decir, tenían privilegios.

Con el correr de los meses, el miedo también ganó a los funcionarios, quienes optaban por no enfrentarse a las dos internas. Sabían que el que las denunciaba a las autoridades departamentales del instituto era trasladado a otro centro.

"He participado en algunas reuniones con el propósito de tratar la situación (de ambas menores). Le elevamos una carta a la (directora departamental) Mónica (Innella) y la respuesta fue un traslado masivo de funcionarios. Y en relación con las adolescentes, no se to-mó ninguna medida".

Otra funcionaria declaró que la tensión dentro del hogar ocurría desde 2008. "Mi marido hizo una denuncia porque dijo que no iba a ser cómplice de esa situación y lo trasladaron", señaló.

Esa falta de medidas de la jefa departamental y la libertad con que actuaban ambas menores dentro del hogar, llamó la atención de la jueza Blanca Rieiro.

Durante las actuaciones se supo que las dos menores en cuestión se prostituían.

Un vecino declaró en el Juzgado que no había seguridad en el hogar. "Mayormente los fines de semana es que vienen autos y motos", dijo. Desde su casa, el testigo indicó que veía a los hombres que entraban y salían del hogar. "No es de ahora. Es de hace tiempo. Son hombres que van a buscar a las chiquilinas", advirtió el vecino.

Ante esta situación, el Ministerio Público solicitó a la magistrada que ordenara una interceptación de llamadas a los celulares de las dos internas. En tanto, la Justicia decretó que una de las menores fuera internada en un hogar del INAU de Montevideo con la obligación de que inicie un tratamiento para sus adicciones.

MOTEL. En las declaraciones de los funcionarios surge que la jefa departamental había autorizado a las dos menores denunciadas a permanecer fuera del hogar entre la hora 6 y la hora 24.

La investigación telefónica estableció que las menores se habían vinculado con un traficante, quien les presentaba "clientes".

Por el Juzgado desfilaron varios adultos que reconocieron haber mantenido relaciones sexuales y haber estado alojados con las menores durante varios días en moteles de Young, Flores y Salto.

También indicaron que conocieron a las adolescentes en bailes de Paysandú.

En una ocasión, una de ellas fue llevada por su compañera a un hospital tras sufrir una descompensación por una sobredosis de cocaína. La menor era diabética y había consumido cuatro "líneas" de cocaína. El traficante no quiso arriesgarse en llevarla a un hospital.

En el Juzgado, el narco dijo que a las adolescentes les conseguía los clientes para que estas "no anden con cualquiera que las maltrate". Agregó que "a las menores yo les buscaba muchachos buenos" de las zonas de Gallinal y San Javier. También reconoció que "siempre tiene droga, marihuana y cocaína, y que por supuesto les da a ellas porque ambas consumen".

El sábado 2, la Justicia Penal procesó sin prisión a la jefa departamental del INAU por un delito de omisión contumacial de los deberes del cargo al no instrumentar un plan ante la vulnerabilidad social de las adolescentes. El traficante fue procesado con prisión por un delito de explotación sexual de menores de edad en calidad de autor en reiteración real y un delito de suministro de drogas.

"Necesitamos que nos ayuden"

"Le escribimos esta carta para decirle que no soportamos la violencia que hay en el hogar femenino (…) Todas las adolescentes decimos que esta carta sea leída y que se tomen medidas, por favor necesitamos que nos ayuden. Desde ya muchas gracias".

Salsamendi: "no se comprobaron" los casos de abusos en el hogar femenino

El presidente del Directorio del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU), Javier Salsamendi, informó que de las investigaciones administrativas realizadas por el organismo en el hogar femenino de detención de Montevideo sobre presuntos abusos, "no surgieron responsabilidades".

Los casos de presuntos abusos sobre jóvenes internas del Centro de Ingreso de Adolescentes Femenino (CIAF) de Montevideo "no se comprobaron", dijo ayer Salsamendi, aunque aclaró que todavía la investigación no ha concluido.

El titular del INAU también admitió que se sorprendió ante la carta abierta que el lunes la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) dirigió al presidente José Mujica, denunciando que "varias" adolescentes internadas en el CIAF han sido víctimas de "violaciones y abusos sexuales en múltiples ocasiones". Según el organismo internacional, esos hechos no fueron debidamente investigados por el INAU.

"Vamos a analizar el expediente como corresponde y luego los vamos a invitar a que (desde la OMCT) nos expongan su punto de vista", aseguró Salsamendi.

"Ellos concluyen algo distinto de lo que ha concluido hasta el momento la investigación" del INAU, añadió el jerarca al ser consultado en una rueda de prensa. "Suponemos que parten de la base de las denuncias que se presentaron, que son las que se investigaron", agregó.

"Estamos dispuestos a investigar absolutamente todo, como lo hacemos siempre", destacó el jerarca.

La OMCT, en su carta, de la cual también envió copia a otras altas autoridades gubernamentales, señaló que en el CIAF las funcionarias que denunciaron los presuntos abusos "están siendo hostigadas en su trabajo".

Al ser consultado sobre el punto, Salsamendi dijo que no cuenta con información en ese sentido, pero subrayó que de comprobarse, esa situación también será investigada.

En tanto, el secretario general de la OMCT, Eric Sottas, dijo que a la organización cuya sede se encuentra en Suiza, le preocupa la "falta de reacción" de las autoridades uruguayas ante la denuncia de casos de abusos en los hogares de internación de menores infractores.

"Cuando se presenta una denuncia de este tipo hay que suspender al funcionario para investigar a fondo, a través de la Justicia y no solamente a nivel administrativo", explicó Eric Sottas en declaraciones ayer a radio Carve.

Sottas dijo que hubo "falta de transparencia", porque si bien el INAU puede considerar que la investigación administrativa fue suficiente, para la OMCT "se necesita que actúe la Justicia".

MÓDULOS. Por otra parte, Salsamendi defendió ayer la iniciativa del INAU de alojar a los menores infractores en módulos metálicos, por ser "la mejor solución y en el menor tiempo posible" que permitirá disminuir los altos niveles de hacinamiento de los hogares de internación.

La utilización de módulos prefabricados también fue criticada OMCT, que consideró que de esa forma el Estado uruguayo estaría renunciando a "garantizar los derechos de estos niños y adolescentes" privados de libertad.

"Tampoco es que los metamos (a los jóvenes internos) en unas latas", expresó Salsamendi en respuesta a los cuestionamientos de la OMCT, que solicitó al presidente Mujica que evite la utilización de los módulos metálicos.

El jerarca explicó que antes de seleccionar los módulos, se realizó una licitación abreviada con el objetivo de que cuenten con "ciertas condiciones de habitabilidad y seguridad".

"Se nos piden dos cosas que no siempre son fáciles de conciliar: máxima seguridad y trato digno", expresó Salsamendi.

"Hay gente que nos pide la seguridad y no le importa el trato digno; y otros nos piden trato digno y no les importa la seguridad y nosotros tenemos que conciliar ambas cosas", declaró el titular del INAU.