Denuncian purgas y "política del terror" en Instituto del cáncer

PAULA BARQUET

Una nueva maniobra de Alfredo Silva genera denuncias de "persecución" en ASSE: el organismo destituyó sin fundamentos formales a una jerarca del Instituto del Cáncer y en su lugar designó a un administrativo de la Federación de Funcionarios.

Carmen Vallejo trabaja hace 32 años en el Instituto Nacional del Cáncer (INCA). En 1999, mediante concurso de oposición y méritos, fue designada directora administrativa del instituto. Hace casi dos meses la cesaron de sus funciones, le redujeron el salario un 30% y le asignaron una tarea administrativa. No le dieron motivos.

Vallejo accedió a contar su historia a El País, aunque declinó hacer valoraciones al respecto "por temor a que la cosa empeore". La ex jerarca, afín al Partido Nacional, actualmente está de licencia porque aún está muy afectada, entre otras cosas porque pasó de cobrar 57.000 pesos nominales a 19.000.

Fuentes del instituto dijeron a El País que en el caso de Vallejo se dio una "persecución política" que también sufren otros jerarcas blancos.

En lugar de Vallejo, el directorio de ASSE designó a Pablo Seoane, un funcionario administrativo del INCA, tesorero de la Comisión Interna y militante de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP).

Las dos resoluciones, a las que accedió El País, fueron tomadas el 30 de marzo: la de Vallejo, firmada por todos los miembros del directorio menos el nacionalista Alejandro Draper, no incluye motivos; la que establece el ascenso de Seoane afirma, en tanto, que este "reúne los requisitos de capacitación y experiencia necesarios".

Consultados por El País, ni el directorio de ASSE ni la dirección del INCA se hacen cargo de haber promovido el cambio.

El representante de los trabajadores en el directorio de ASSE y delegado de la FFSP, Alfredo Silva, deslindó toda responsabilidad en la decisión y aseguró que el cese de Vallejo no fue impulsado desde el directorio, sino que "surgió de la dirección del instituto".

"Los motivos fueron valorados por el equipo de gestión (del INCA), que tiene esa potestad; supongo que habrán sido funcionales", señaló. Agregó que cuando el tema llegó al directorio "ya estaba el proceso discutido" y por eso "no se habló de motivos".

Por su parte, la subdirectora del INCA, Lilián Aristimuño, afirmó que "el cese de Vallejo y la designación de Seoane fueron resoluciones del directorio de ASSE". Aclaró, incluso, que "esas remociones no son potestad de la dirección" sino que son "tema del directorio". Dijo no saber siquiera de qué partido político es Vallejo. "Según tengo entendido, fueron motivos funcionales", agregó.

En tanto, el director del INCA, Mario Varangot, renunció hace una semana por "motivos personales", según comunicó a ASSE. El País intentó comunicarse con Varangot pero no respondió las llamadas. Extraoficialmente, los funcionarios dicen que "no soportó la presión" y que "se vio sobrecargado por los conflictos". En su lugar quedó Aristimuño como directora interina.

TERROR. Las fuentes afirman que la "persecución" alcanza a muchos jerarcas y funcionarios, no solo los del Partido Nacional. Según ellos, "todo empezó" cuando nombraron a Aristimuño como subdirectora y a Andrea Valle como adjunta de dirección, en septiembre de 2010.

"Desde que llegaron ellas pareciera que quieren destruir todo y aplican una política del terror. Saltean a todos los jerarcas, a todos los compañeros tienen algo que criticarles. La cosa ha cambiado mucho acá", se lamentó una funcionaria.

Ambas "están muy vinculadas al gremio", dijeron las fuentes. Según pudo saber El País, Aristimuño fue designada directamente por Alfredo Silva y responde a sus intereses.

Los consultados acusan a las dos jerarcas de haber mudado el INCA al nuevo hospital "a prepo" en enero, cuando aún no estaba terminado. El edificio fue inaugurado por el entonces presidente, Tabaré Vázquez, en agosto de 2009.

Dijeron a El País que no funciona la cocina y que a los enfermos les sirven comida de catering. Además, han tenido serios problemas con las calderas, ya que no hay técnicos que sepan usarlas; también ha habido limitaciones con el ascensor.

Aristimuño confirmó las dificultades. Dijo que la empresa constructora lo entregó sin terminar y que ya pidió soluciones a ASSE. Actualmente el hospital funciona con 45 camas, cuando tiene capacidad para 90. El segundo piso está inhabilitado.

Otra fuente aseguró que Aristimuño y Valle "han hecho y deshecho", y que en los últimos meses "hubo situaciones que nunca se habían dado en el instituto", en referencia a denuncias de robos, mal funcionamiento y pérdidas de millones en fármacos (ver nota aparte).

QUEJA. El País accedió a una nota firmada por 13 jefes de servicios del INCA (incluida Vallejo), en la que relatan una reunión con el director Varangot.

"El motivo fue trasladarle diferentes inquietudes e informarle de situaciones a las que a diario nos vemos expuestos y que son ejecutadas directamente por la subdirectora y la adjunta de dirección", indica la nota, con fecha 10 de febrero.

Los firmantes denuncian "decisiones tomadas sin el conocimiento de los referentes del área (se asignó personal, se realizaron traslados o reestructuras de servicios)". Afirman que "se desmanteló el aparato administrativo de la institución" y que hay "dificultades para obtener recursos materiales básicos", entre otras cosas.