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Juzgados. Están fijando audiencias para marzo; Parlamento discute otro cambio procesal
PABLO MELÉNDREZ
El nuevo proceso de los juicios laborales sigue trayendo problemas a los jueces. En Montevideo hay magistrados que están fijando audiencias para marzo de 2012, mientras en el Parlamento se estudia un proyecto para cambiar la normativa.
Desde el 1° de febrero de 2010 rige, por ley, un nuevo modelo procesal para los reclamos laborales que creó un sistema autónomo e independiente del tradicional Código General del Proceso, que se aplica en el resto de las materias no penales.
La norma que creó el nuevo sistema, denominada Ley de Abreviación de Juicios Laborales, fue aprobada por el Parlamento en 2009 bajo fuertes cuestionamientos técnicos respecto a la inconstitucionalidad de varios de sus artículos.
El nuevo esquema procesal creó dos tipos de procedimiento para los juicios: uno para el reclamo que no supere los $ 81.000 (casos de "menor cuantía") y otro para las causas donde el monto demandado sea superior a ese tope fijado por la ley (proceso "ordinario")
En junio de 2010, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) declaró inconstitucionales dos aspectos de la ley: el que obliga a depositar el 50% del monto de la condena en casos donde se reclaman más de $ 81.000 y el criterio según el cual si el demandante no concurre a la audiencia se deberá disponer el archivo del caso, mientras que si no concurre el demandado el juez deberá fallar con los elementos con los que cuente.
Esos aspectos fueron duramente cuestionados por el sector de los empleadores, que recurrieron a la SCJ en masa. Por ese motivo, la Corporación lleva dictadas más de 3.000 sentencias al respecto.
Según el procedimiento legal, cuando una de las partes en un juicio plantea la inconstitucionalidad de una ley, el juez debe congelar al proceso hasta tanto se produzca la resolución de la Corporación.
EN MARZO. La gran cantidad de acciones planteadas ante la SCJ contra el proceso laboral está regresando a los juzgados de primera instancia, lo que genera serios problemas en los calendarios de audiencias de los jueces, muchos de los cuales están previendo citaciones para marzo del año próximo para casos "ordinarios".
Esa situación demuestra "que actualmente hay muchos procesos suspendidos por los casos de inconstitucionalidad en la Corte y es de esperar que más adelante haya todavía más problemas", dijo a El País el abogado experto en derecho procesal y socio del estudio Rueda, Abadi & Pereira, Santiago Pereira Campos.
"Hay problemas que no se solucionan con una ley, sino con mejoras en la gestión de los juzgados", dijo Pereira Campos, quien el miércoles 5 asistió junto a una delegación del Colegio de Abogados del Uruguay a la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, donde se analiza un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que vuelve a modificar el proceso laboral.
Por su parte, el abogado laboralista Guzmán Acosta y Lara, de Acosta y Lara y Asociados, dijo que en casos donde él interviene, hay juzgados que fijaron audiencias "para noviembre y diciembre".
"Los juzgados se empezaron a atrasar porque comenzaron a recibir los expedientes que estaban en la Suprema Corte de Justicia", señaló el abogado en diálogo con El País.
CELERIDAD. Para salvar las objeciones planteadas por la SCJ, el Poder Ejecutivo (a través del Ministerio de Trabajo) envió hace varios meses un proyecto de ley al Parlamento.
La iniciativa, que ya fue aprobada en el Senado, se encuentra a estudio de la Comisión de Legislación Laboral de Diputados, que prevé pronunciarse en breve para derivar el tema al plenario.
El diputado Luis Puig (PVP) planteó en la última reunión de la comisión legislativa que, como el Senado ya salvó las objeciones que formuló la SCJ, se debería tomar posición cuanto antes para "no retrasar más este tema. Ya ha habido un importante proceso de discusión en el Senado".
"Propongo que dediquemos una sesión especial o que en la próxima analicemos las modificaciones introducidas por el Senado para presentarlo al plenario lo antes posible", planteó el legislador frenteamplista.
Desde la oposición, Pablo Abdala (Corriente Renovadora) coincidió con Puig en cuanto a que el análisis del tema sea "lo más diligente posible". Agregó que el Partido Nacional resolverá en la próxima reunión de la comisión si está en condiciones de votar o no el proyecto para remitirlo a la cámara.
Se crearon dos tipos de procedimientos para los reclamos laborales: uno para los casos en los que el reclamo no supere los $ 81.000 (casos de "menor cuantía") y otro para las causas donde el monto demandado sea superior a ese tope fijado por la ley (proceso "ordinario"). En los casos de "menor cuantía", la resolución dictada por el juez no puede ser apelada. Estos reclamos se resuelven en una única audiencia, en la que el demandado debe contestar la demanda. Para utilizar este mecanismo, desde febrero de 2010 están operativos en Montevideo tres juzgados Laborales de Instancia Única. Para las causas en las que el reclamo es superior a $ 81.000, la ley prevé que el juez deberá convocar a las partes a audiencia en un plazo no mayor a 60 días. En tanto, el plazo para contestar el reclamo se redujo de 30 a diez días. A diferencia de los procesos de "menor cuantía", en estos casos sí se puede apelar la decisión de primera instancia. Pero la condición que fija la ley es que para recurrir la resolución, se debe primero depositar el 50% del monto total de la condena.
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