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Dinero. Exigieron US$ 12 mil a acusado por contrabando
Escuchas telefónicas y una lapicera espía fueron clave a fin de reunir las pruebas para enviar a prisión a un subcomisario y dos sargentos de la Seccional 3ª de Montevideo, que exigían dinero a un comerciante para no acusarlo por contrabando.
Con medios de investigación basados en los avances tecnológicos que todavía pueden parecer cinematográficos -pero que en los hechos cada vez son más habituales en las indagatorias judiciales y policiales en Uruguay- la jueza especializada en crimen organizado Graciela Gatti reunió las pruebas para procesar con prisión a los tres policías por el delito de concusión (coimas).
El episodio de corrupción se conoció la semana pasada, cuando por orden de la magistrada tuvo lugar un allanamiento en la Seccional 3ª. En ese procedimiento, y en busca de dar una clara señal, participó el jefe de Policía de Montevideo, Diego Fernández.
La denuncia contra los efectivos fue presentada por un comerciante cuyo local y vivienda particular fueron allanados por los policías, luego de que un exempleado pusiera al tanto de las autoridades que vendía cigarros de origen paraguayo ingresados a Uruguay en forma irregular.
En los allanamientos, que se realizaron el pasado 20 de enero por orden del juez penal Rúben Saravia en la zona de Paso de la Arena, se ubicaron cigarros en infracción aduanera.
El subcomisario (junto a los dos sargentos también procesados con prisión) participó en los allanamientos y, según el comerciante, le exigió dinero para "solucionar" y no informar el episodio que podría derivar en su procesamiento por contrabando. Inicialmente se le reclamó la suma de US$ 5 mil.
PAGO DE $ 40 MIL. Así, según lo que relata la resolución de procesamiento de los tres policías dictada el fin de semana por la jueza Gatti, tras el allanamiento en el local y previo a repetir el procedimiento en su casa, al comerciante se le permitió llamar a un amigo cuando, en realidad, lo que correspondía era que estuviera incomunicado.
El amigo del comerciante solicitó ayuda a una tercera persona y así fue que reunieron $ 40 mil (lo que equivale a US$ 2 mil), los cuales entregaron al subcomisario "dentro de una riñonera" mientras se trasladaban en una unidad policial hasta la Seccional 3ª.
Antes, en la casa del comerciante, el monto reclamado por los policías varió y pasó de US$ 5 mil a US$ 12 mil. Si el hombre aportaba esa suma de dinero, "nadie vio nada", le aseguró el subcomisario.
Además de los cigarros, al comerciante se la incautó un arma, hechos por los cuales será investigado por la Justicia. Pero los policías también se llevaron en forma irregular un equipo de aire acondicionado que no fue incluido en el acta del allanamiento.
En la Seccional 3ª, el amigo del comerciante detenido escuchó cómo los policías "amenazaron con maltratarlo" y le dijeron que le devolverían parte de los cigarros si pagaba los US$ 5 mil, para lo cual le dieron plazo hasta el 2 y 3 de febrero.
inteligencia. El comerciante fue liberado y los policías "comenzaron a enviarle mensajes de texto y a llamarlo pidiéndole más dinero", indica la resolución de la jueza Gatti.
Por eso, el hombre radicó una denuncia en la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio del Interior, que dio cuenta del hecho a la magistrada.
Así, en conocimiento del comerciante se intervino su celular. El 3 de febrero, a las 15.52, se interceptó una llamada del subcomisario que le indicó que lo llamaba "por el tema del aire acondicionado".
Ese mismo día, pero en otra llamada, el policía le dijo al comerciante que "de eso" no hablara por teléfono, y le indicó como "novedad" que fuera el lunes siguiente a la Seccional 3ª. "Cuchame, vos sos un caballero y te considero como tal. Te espero el lunes de tarde después de las seis (sic)", dijo el subcomisario y agregó: "Vení con todo lo que tengas".
El 8 de febrero el hombre fue a la Seccional 3ª con $ 25 mil para recuperar el equipo de aire acondicionado. Pero previamente los billetes que llevaría se registraron en el juzgado y además la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio del Interior le entregó una lapicera con una cámara para registrar los detalles de la reunión.
El fallo de la jueza Gatti señala que del video surge que el oficial "recibió el dinero, redactando un recibo de entrega del equipo de aire acondicionado". Cuando el hombre se retiró de la unidad policial, se procedió a realizar el allanamiento.
Para la jueza, más allá de que el subcomisario admitió los hechos parcialmente y los dos sargentos negaron cualquier vinculación con lo ocurrido, es claro que los tres policías "compelieron e indujeron" al comerciante "para que les diera dinero en forma indebida".
Por otro lado, la magistrada ordenó a la Dirección de Asuntos Internos que amplíe su investigación y le envíe el detalle completo de las llamadas realizadas y recibidas por los policías procesados y por el comerciante. A su vez, se abrió una investigación independiente para indagar comentarios que realizó uno de los efectivos al momento de su detención.
Un abogado que está realizando el curso en el Centro de Estudios Judiciales del Uruguay (Ceju) para iniciar la carrera de magistrado, presentará una denuncia penal por privación de libertad y violencia privada por haber sido maltratado por efectivos de la Seccional 13ª del barrio Jacinto Vera.
El pasado martes 7, el profesional concurrió a un cibercafé de la zona para imprimir algunos documentos. Luego de utilizar la computadora y antes de pagarle al encargado del local, se percató de que en un descuido le habían robado sus lentes de sol que había dejado sobre el escritorio.
Cuando le planteó lo ocurrido al responsable del cibercafé, ambos notaron que del local no había ingresado ni salido nadie. Por eso, sospecharon de un grupo de adolescentes que se encontraba en el lugar.
El abogado le preguntó a los jóvenes si habían visto los lentes y le respondieron con burlas. "¿Para qué quiero yo tus lentes?", le respondió uno de ellos.
Ante eso, el profesional llamó a la Seccional 13ª. Al lugar llegó un móvil con dos efectivos. El abogado relató lo ocurrido pero los policías se negaron a consultar los jóvenes y, además, le indicaron que no podían hacer si él antes no se trasladaba hasta la unidad policial para firmar la denuncia.
Frente a ese planteo, el aspirante a juez dijo a los policías que si se iban del lugar, los jóvenes también lo harían y ya no tendría posibilidad de recuperar sus lentes, según contó el abogado El País, aunque pidió que no se divulgara su nombre.
Así, los policías obligaron al profesional -en base a expresiones prepotentes pero sin insultos- a subirse a la camioneta y lo trasladaron hasta la Seccional 13°, donde permaneció detenido durante más de 40 minutos sin justificación alguna.
Lapiceras con cámara, similares a la utilizada por la Justicia para investigar a los policías de la seccional 3ª, pueden ser adquiridas por cualquier persona. En sitios de subasta de internet se ofrecen a precios que van desde los $ 1.400 y aumentan según la calidad y capacidad de grabación de audio y video. En uno de los avisos se indica que la lapicera "es capaz de escribir como cualquier otra" pero "con la diferencia de que cuenta con una pequeña cámara que graba videos a color en alta resolución con un excelente audio que permite grabar conversaciones en un radio de 10 metros". El aparato es ideal para descubrir infidelidades de pareja, casos de abuso de autoridad y de empleados deshonestos, explica el aviso.
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