Exparador "Kibón" de Pocitos tiene nuevo dueño

ANDRÉS LÓPEZ REILLY

La Junta Departamental aprobó la adjudicación del exparador Kibón a la empresa Afacor S.A. Lo hizo con votos del Frente Amplio y cuestionamientos de la oposición, porque la propuesta "no acredita seguridad para la IMM y los montevideanos".

"Desde el punto de vista arquitectónico, la propuesta plantea la reparación y mejora del edificio, pero no hace un agregado sustancial. Desde el punto de vista urbanístico no realiza un aporte sustantivo al lugar, más que mejorar el estado en el que se encuentra, que es bastante malo. Y la propuesta de servicios es clásica, es común: un salón de fiestas y un restaurante. Digamos que `un boliche más` en la rambla viene a ser la propuesta para Kibón, lo cual no colma las expectativas", resumió el edil colorado Martín Bueno (Vamos Uruguay).

Según el legislador departamental, abogado de profesión, "lo que más preocupa son los asuntos de forma que vemos en este expediente, que no acredita seguridad, de manera alguna, para la Intendencia ni para los montevideanos. Es un expediente que, cuando uno estudia las actuaciones -y no tengo ningún problema en decirlo-, muestra que los jerarcas de la Intendencia han actuado negligentemente".

Según el edil, se seleccionó a una sociedad anónima que "claramente es adquirida a los efectos de la licitación, lo cual es algo normal y correcto".

"Luego se presentan dos personas físicas, pero en ningún momento se acredita su relación con la sociedad; o sea, no sabemos si son directores, accionistas o apoderados", sostuvo.

"También es una lástima que todavía no tengamos aprobada la norma por la cual, en caso de exoneraciones o concesiones tan importantes, sepamos quiénes son los accionistas de las sociedades anónimas", apuntó Bueno.

El edil advirtió además que "tampoco hay algo tan básico y elemental" como un certificado notarial de la S.A.

"Sobre las personas físicas que se presentan en el proyecto -que básicamente son dos- no tenemos los certificados registrales naturales y obvios para saber si tienen embargos de las DGI o juicios en proceso, algo -insisto- común y corriente. O sea, no sabemos el estado de las dos personas físicas que están detrás. (…) Lo único que hay es un certificado notarial que acredita dos inmuebles de una de estas personas físicas. Dice que esos inmuebles no tienen embargos. No sabemos qué sucede con la persona. Si la persona tiene embargos, caen también sobre los inmuebles", indicó Bueno.

INVERSIÓN. El inversionista (único que se presentó al llamado) sostiene que comprometerá más de US$ 3 millones en el emprendimiento, pero para el edil Bueno, su plan de negocios "no está respaldado". Tampoco existe "un estudio de mercado previo", advirtió.

Al respecto, el coordinador de la bancada colorada, Mario Barbato, dijo que "es indudable que en este tipo de emprendimientos el plan de negocios está sujeto y atado indisolublemente a la suerte del emprendimiento, para lo cual el estudio de mercado es fundamental".

"Se trata de una empresa que está a 19 kilómetros de la capital. Por lo tanto, el plan de negocios debió ameritar, por lo menos, una consideración en profundidad respecto al análisis FODA que hace la empresa, en el que se estudian los factores Fortaleza, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de este proyecto", acotó Barbato.

A su vez, para Martín Bueno, hay contradicciones en el expediente. "Se contradice el plan de negocios con notas de los oferentes en cuanto a la actividad a realizar. El plan de negocios dice que va a haber un restaurante 24 horas los 365 días del año, y más adelante se dice que no va a ser así. Se dice que va a haber bicicletas gratuitas; no sabemos cuántas, cómo va a ser, nada", indicó.

"Se habla de que tienen US$ 440.000 en sponsors. Hay otro elemento muy notorio. Uno de los oferentes se obliga, mediante una nota, a transferir US$ 500.000 de sus cuentas personales a favor de la Intendencia, y agrega el estado de cuenta de esa cuenta personal que menciona con diez veces menos dinero que el que tiene que transferir", agregó el edil colorado.

Sin embargo, la edila frenteamplista Rosana Paredes aseguró que Afacor S.A. está constituida desde el 12 de diciembre de 2005 "y no a los efectos de este llamado".

"Se ajusta su constitución y la presentación de su documentación a lo que establece la Ley Nº 16.060 y sus modificativas, que tienen que ver con la Ley de Sociedades Comerciales. Por eso en el expediente está la certificación notarial del acto constitutivo y demás de la sociedad anónima. O sea que no solamente no habría violación al pliego, sino que tampoco habría violación a la ley nacional", sostuvo Paredes.

GARANTÍAS. Su compañera de bancada, la edila frenteamplista Graciela Villar consideró que la propuesta seleccionada por la Intendencia cumple "rigurosamente" con el llamado a licitación. Y que la Comisión que estudió y asesoró a la Intendenta a los efectos de avanzar en la puesta en práctica del proyecto, "tomó las debidas garantías con relación a quien representa en todos los casos a la sociedad anónima Afacor".

"Efectivamente, se trata de un salón de fiestas y de una propuesta gastronómica, lo cual también estaba previsto en el pliego de licitación, lo mismo que la remodelación parcial y el mantenimiento (...). Lo que estamos considerando está dentro del pliego que aquí aprobamos", precisó. "Nuestro deseo era que la propuesta hubiera sido otra, pero esta es la que tenemos", admitió Villar.

LA CIFRA

US$ 3:

Es lo que invertiría la nueva concesionaria, Afacor S.A., para la recuperación del emblemático parador de la rambla de Pocitos.