Técnicos denuncian presiones para alterar informes ambientales

VIVIANA RUGGIERO

A la denuncia de una "estructura paralela" dentro del Ministerio de Vivienda, se sumó una nueva acusación. Funcionarios afirman que la administración de Graciela Muslera modifica informes técnicos para "apurar" o "beneficiar" inversiones.

El anuncio de la aprobación del puente sobre la Laguna Garzón, después de varias idas y vueltas y sin que aún estén las garantías ambientales es uno de los últimos casos que sustenta la denuncia de los funcionarios y muestra, según los trabajadores, esa "casi esquizofrenia" de las autoridades.

También se basa en un sumario iniciado hace 20 días al exdirector de la división Políticas y Planes Territoriales, Pablo Ligrone, por "opiniones técnicas"; en que se eliminaron requisitos para "apurar" informes en decenas de casos, así como diversas "presiones" que dicen haber sufrido los técnicos.

Las denuncias fueron presentadas junto con varios documentos el viernes al presidente de la comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes, Martín Tierno. Además de analizar la documentación, los diputados recibirán a la ministra Muslera para conocer su versión.

Según los funcionarios, cuando un técnico hace informes que "no gustan" son "dejados de lado" y casi de inmediato "aparece un técnico que hace la vista gorda y lo aprueba". "Son esos funcionarios golondrina, que aparecen una vez y después no los ves más", comenta la abogada e integrante del sindicato de funcionarios del Ministerio, Leticia Villar.

Afirman que también hay directores que solicitaron que se cambien informes y que se han presentado proyectos que necesitan cierta cantidad de requisitos pero como "interesan", esas exigencias se "flexibilizan".

Hay algunas presiones que se hicieron para que los informes desconozcan, por ejemplo, instrumentos de ordenamiento territorial que las intendencias tienen vigentes. De esta manera, según explicó a El País el vicepresidente del sindicato, Alejandro Bruné, no pueden utilizarlos y, por ende, el Ministerio tiene un mayor control sobre los gobiernos departamentales.

"Al hacer de cuenta que esta ordenanza no existe, cualquier cosa que se hace en el territorio tiene que hacerse bajo la óptica de la ley de Ordenamiento Territorial. Entonces las intendencias siempre quedaban condicionadas", afirmó.

Por estas situaciones es que los funcionarios dicen que no solo hay persecución sindical y política, como denunciaron días atrás en el Parlamento, sino también afirman que hay persecución "técnica".

Fuentes vinculadas a la administración de Muslera reconocieron que se intenta "apurar" los informes pero descartan "presiones". "Si se va a decir que sí porque se sabe que no causa efectos negativos, aunque haya que tomarse un tiempo para analizarlo bien no tiene sentido hacer teatro. Lo mismo cuando el informe va a ser negativo porque de antemano se sabe que afecta. Son temas muy importantes para no tener decisiones rápidas. Rápidas no quiere decir que no sean estudiadas", comentó la fuente.

Aratirí es uno de los casos que para las autoridades "se demoró muchísimo" y para los funcionarios tiene un proceso que "brinda garantías".

"Que se demorara no fue culpa de los técnicos, porque si la ley de Impacto Ambiental y la ley de Ordenamiento Territorial piden determinados estudios, no se pueden saltear. Ahora lo que pasa es que quieren apurar todo, pero eso no es garantía para los recursos naturales de Uruguay", indicó Villar.

VASO DERRAMADO. Según el sindicato de los funcionarios del Ministerio (tiene 400 afiliados, la mayoría son técnicos) el pase a la OPP de la Dinama y el sumario iniciado a Pablo Ligrone fueron "la gota que derramó el vaso" para denunciar la situación interna que viven los trabajadores desde que asumió la administración de Muslera.

Ligrone trabaja en la cartera desde 1992 y fue director de la división de Política y Planes Territoriales durante el gobierno de Tabaré Vázquez. Es arquitecto grado 5 y doctor en urbanismo por La Sorbonne de París. Fue sumariado hace unos 20 días, y aunque le fue negada la vista del expediente, sabe que el sumario es por opiniones técnicas vertidas en una serie de informes. El arquitecto se excusó de hablar con El País por estar sumariado.

Ligrone tuvo diferencias con el ingeniero agrónomo y actual director de Ordenamiento Territorial, Manuel Chabalgoity, según pudo saber El País. "Cuando llegó a ese puesto Ligrone fue desplazado, se armó una especie de guerra entre ellos y Ligrone tenía todas las de perder porque Chabalgoity tiene el respaldo de más arriba", comentó una fuente vinculada a la cartera.

El pase de la Dinama a la OPP, en tanto, es calificado como un error "flagrante" y afirman que una real solución es crear un ministerio de Medio Ambiente.

MINISTERIO PARALELO. Cuando el sindicato acudió a la primera sesión de la comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes a principio de mes, afirmaron que existía un ministerio paralelo, en referencia a que se prescindía de algunos funcionarios y técnicos de carrera y que se trabajaba con gente contratada (ver aparte). Bruné dice que la estructura paralela dentro de la cartera es a alto nivel (técnico) pero que también se da en otros grados y cuenta el caso de un chofer. "Manejaba una camioneta oficial, chocó y la hizo pelota. Cuando personal fue a ver quién era resulta que no estaba registrado. No lo tenían como empleado del Ministerio Se pidieron informes, y ese tema se perdió, nunca más supimos qué paso", comentó.

Bruné es uno de los pocos miembros del ejecutivo del sindicado que no tiene sumario. "Me hicieron la vida imposible pero no pudieron. Eso sí, estoy trabajando de dibujante cuando soy arquitecto y con especializaciones en España."

Las fuentes consultadas reconocieron que la "estructura paralela" es "real" pero "difícil de demostrar" y que casi todos los que se "animaron a denunciar" lo hacen porque están "con sumarios o sanciones".

"Es verdad que asesores toman definiciones que corresponden a funcionarios presupuestados porque se utiliza el criterio de trabajar con la gente amiga, más allá de la capacidad técnica", comentó la fuente y relató que incluso asesores contratados "firman autorizaciones de licencia de personal presupuestado o los califican. Esas son aberraciones desde el punto de vista administrativo que si llegan al TCA, la cartera tendría un agujero".

(Producción Pilar Besada)

En cinco meses el Ministerio de Vivienda hizo llamados para contratar 53 técnicos

Desde fines del año 2011 el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente realizó 38 llamados para contratar a 53 profesionales.

Para ellos tiene un presupuesto total de $ 1.876.243. Todos los contratos superan los $ 20.000 de salario y son por 30 o 40 horas de trabajo semanal.

A través de Uruguay Concursa se convocó a abogados, arquitectos, escribanos, ingenieros químicos, ingenieros civiles e hidráulicos, economistas, licenciados en biología, un ingeniero en computación, un sociólogo, un contador y un técnico en informática, entre otros.

Quienes tienen presupuestado un mayor salario son los ingenieros civiles. Por cuarenta horas semanales de trabajo percibirán un salario de $ 51.384. Los arquitectos, por ejemplo, tienen por 30 horas de trabajo un salario de $ 29.469 y un geógrafo con la misma carga horaria recibe un salario de $ 34.004.

La contratación de funcionarios para proyectos es uno de los temas que molesta a los funcionarios estatales porque se rompe una premisa para ellos fundamental: "A igual tarea igual remuneración".

"Nosotros estamos topeados. Por más que seamos Jefe de Sección, de División, o técnicos, que en definitiva es el último que da su firma en un expediente electrónico, ganamos un monto fijo; pero al costado tenemos una persona que está trabajando a la par nuestra, que es contratado por un proyecto GEF, por un proyecto BID, o lo que sea, que está ganando tres o cuatro veces más", comentó la funcionaria Rossana Berrini, en la visita que realizó al Parlamento a principios de marzo la Asociación de Funcionarios del Ministerio.

Desde la cartera reconocieron a El País esa diferencia salarial y afirman que se da en otros ministerios y que también ocurrió en gobiernos anteriores.

"Ese desfasaje entre lo que viene desde el exterior y lo que son los recursos propios de los ministerios existe y existió antes también. Es uno de los puntos a trabajar pero no están los recursos presupuestales para solucionarlo", comentó la fuente consultada y aseguró que estos no son los contratos más problemáticos.

"Los más extraños son los llamados de alta especialización. Siendo ministro estás habilitado a hacer un contrato de este tipo. El sueldo en este caso es incluso superior al de los directores nacionales. Esto en el ministerio se dio y es un tipo de contrato que todavía está", indicó.

Un año agitado en vivienda

1. Piden renuncia a Jorge Patrone

El presidente de la República José Mujica pidió al subsecretario del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente que diera un paso al costado para no entorpecer y mejorar la gestión de la cartera. El pedido llegó el 8 de febrero, después que la ministra Graciela Muslera manifestara en el Consejo de Ministros su malestar por declaraciones públicas de Patrone sobre la vivienda de interés social. Lo cierto es que la relación entre la ministra y el subsecretario venía desgastada desde hacía meses; de hecho, no tenían diálogo desde noviembre de 2011.

2. Anuncian paso de Dinama a OPP

Dos días después del pedido de renuncia a Patrone, el presidente José Mujica anunció que pasaría a la órbita de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) la Dirección Nacional de Medio Ambiente del Ministerio de Vivienda (Dinama). La noticia fue dada a ministros y legisladores que participaron de un reunión en Suárez y Reyes. El primer mandatario dijo que la idea era superar "la falta de personal" y "las demoras" en la Dinama para aprobar proyectos.

3. Luz verde a puente Garzón

El 13 de febrero la ministra Muslera anunció que en acuerdo con el Ministerio de Transporte se llegó a una "propuesta de salida" para habilitar la construcción del puente sobre la Laguna Garzón que unirá los departamentos de Maldonado y Rocha. La decisión causó varias manifestaciones en contra. Ese mismo día asumió como subsecretaria de la cartera la arquitecta Raquel Lejtreger.

4. Denuncias de funcionarios

La Asociación de Funcionarios del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, denunció el 6 de marzo en el Parlamento que en Vivienda hay un ministerio "paralelo" ya que la administración de Muslera trabaja solo con "gente amiga". La secretaria de Estado negó en un comunicado las acusaciones y recibió con asombro que los funcionarios dijeran que "falta diálogo". Reconoció sí que hay "casos puntuales de presuntas irregularidades vinculadas al desempeño laboral de algunos funcionarios que están en proceso de investigación y tienen todas las garantías".