Sospechosos al menos de 50 muertes

R. Rossello/E. Delgado/F. Castillo

Dos enfermeros fueron detenidos como sospechosos por la muerte de al menos 50 personas internadas en CTI en los dos últimos años. Hoy domingo, el juez Rolando Vomero decidirá por qué delitos los procesa.

Una investigación que lleva dos meses determinó la detención de dos enfermeros, indagados por la muerte de personas internadas en estado grave.

La Justicia Penal maneja que los asesinatos cometidos por estas personas fueron al menos 50 y lo que la policía especula habla de 200. Las víctimas, en su mayoría, no eran pacientes terminales y sus fallecimientos fueron "inesperados", dijeron fuentes judiciales a El País.

Los implicados reconocieron la autoría de decenas de casos en los dos últimos años y adujeron "razones humanitarias". La Justicia y la Policía sospechan que puede haber casos con más antigüedad y que uno de los móviles es que "se trataba de pacientes que demandaban mucha atención".

La llamada "Operación Ángeles" comenzó hace dos meses a partir de una denuncia anónima. Un equipo de investigadores del Departamento de Vigilancia de la Dirección de Crimen Organizado comenzó a reunir indicios, pocos al principio, hasta que una segunda denuncia anónima los puso en carrera.

Las muertes sospechosas habían ocurrido en dos instituciones médicas, el hospital Maciel y la mutualista Asociación Española.

Ambas instituciones colaboraron con la investigación mediante el análisis de historias clínicas. El País no pudo determinar la cantidad de casos sospechados que los enfermeros realizaron en cada una de las instituciones.

Al principio los datos desconcertaron a los investigadores, ya que si bien se trataba de muertes no violentas, al menos sin indicios externos, los métodos utilizados diferían entre sí.

"Por la complejidad del caso se solicitó la colaboración de las directivas de las dos instituciones involucradas y, en coordinación con el juez, se empezó a hacer un trabajo reservado", dijo a El País una fuente de la investigación.

A partir del estudio de las historias los investigadores cruzaron datos con asesoramiento médico y se enfocaron en el personal de salud que trabajaba en los sectores involucrados.

En todos los casos se trataba de pacientes internados en CTI, por lo que se cruzó el perfil de las víctimas con las fechas y horas de sus muertes y las del personal de esos sectores en esos períodos. De este modo se llegó hasta los principales sospechosos: dos enfermeros de 46 y 39 años, con una larga trayectoria profesional. Con extrema discreción, los investigadores de Crimen Organizado siguieron los pasos de los principales sospechosos.

Cuando finalmente el cúmulo de indicios lo permitió, el juez penal de 10° turno Rolando Vomero autorizó la detención de los enfermeros. Ayer sábado, el magistrado los interrogó por primera vez, también indagó como testigos a dos mujeres (una fue liberada y la otra, que es enfermera, sigue detenida).

Los enfermeros terminaron por reconocer su papel en una alta cantidad de casos.

Solo uno reconoció haber provocado la muerte a alrededor de 50 personas, el otro cree haber eliminado a un número similar, aunque perdió la cuenta, relataron las fuentes. Investigadores policiales y funcionarios judiciales estiman que la suma de homicidios, entre ambos "ángeles de la muerte", podría ser muy superior.

Otro rasgo original del caso, que probablemente lo convierta en una pieza de estudio criminológico, es que los asesinos actuaban en forma independiente y apenas se conocían.

Durante los interrogatorios llegaron a reconocer que sospechaban uno del otro, aunque nunca supieron cuándo y cómo cada uno mataba a su víctima de turno.

"Por lo que se sabe de este tipo de casos en el mundo, es muy raro que aparezca un asesino en serie de esta clase y mucho más que aparezcan dos en el mismo lugar y actuando casi al unísono, pero sin conexión entre sí", comentó a El País uno de los investigadores del caso.

El trabajo de investigación previo a la detención de los sospechosos permitió confrontarlos a abundante conjunto de indicios. Ello fue clave para que ambos terminaran aceptando su responsabilidad en las muertes. "Al principio los dos, por separado, negaban o daban distintos tipos de excusas. Pero cuando fuimos poniéndolos ante los indicios que teníamos terminaron derrumbándose y confesando", contó uno de los investigadores del caso.

La investigación es tal vez una de las más complejas de los anales policiales y judiciales y aún hay pruebas que están a estudio. Tal es el caso de los médicos forenses del Instituto Técnico Forense que realizaron autopsias a varios de los pacientes muertos en circunstancias sospechosas.

En casi todos los casos los forenses esperan los informes toxicólogos para determinar las causas de muerte, exámenes que todavía podrían demandar varios días. Este punto no es menor, ya que ambos utilizaron algún tipo de fármaco para provocar la muerte de los pacientes, indicaron las fuentes.

El juez Vomero solicitó ayer la ampliación de varias pruebas. Todas las unidades especializadas de la Policía comenzaron a prestar apoyo a la Dirección de Crimen Organizado.

A modo de ejemplo, la Dirección General de Información e Inteligencia recibió ayer la directiva de brindar respaldo con tecnología y agentes especializados en la investigación del caso. Este equipo ampliado corre ahora una carrera contrarreloj en busca de un amplio paquete de pruebas con el que hoy el magistrado deberá resolver los procesamientos.

INVESTIGACIÓN. El gerente general de la mutualista, Julio Martínez, informó que además de haber colaborado en la investigación judicial, dispuso una indagatoria interna para corroborar el cumplimiento de los procedimientos de atención en la institución.

Martínez, que se reunió con las jefaturas de los servicios de CTI y de Enfermería, dijo tras ese contacto que todo apunta a que se trata de "casos aislados" que se "encuadran dentro de un comportamiento psicópata".

"Estamos preocupados, colaborando con la Justicia y brindando toda la información", concluyó Martínez.

Casos en Uruguay y en el mundo

"No soy un instrumento de Dios; cuando estoy con un paciente, yo soy Dios".

La frase pertenece a Harold Shipman, el médico que llegó a matar a 218 pacientes y es considerado el mayor asesino serial del Reino Unido. Según publicó la prensa internacional en su momento, Shipman seguía siempre un mismo procedimiento. Sus víctimas por lo general eran ancianas que a menudo estaban solas. Era amable y atento con ellas. Sus pacientes lo describían como un médico muy generoso.

En el año 1992 abrió un consultorio como médico de familia donde atendió a más de 3.000 pacientes. En esa etapa fue que comenzó a matar de manera sistemática. Los pacientes con dolencias leves que le caían mal, enfermos crónicos y enfermos terminales fueron el blanco de Shipman.

El médico asesinaba a sus víctimas cuando las visitaba en sus casas. Allí les aplicaba altas dosis de morfina y las veía morir en menos de cinco minutos. Más tarde falsificaba los informes de defunción haciendo pasar las muerte como por causas naturales. Fue descubierto por la Policía en 1998 tras intentar falsificar el testamento de su última víctima.

Fue arrestado el 7 de septiembre de 1998 y encontraron en su poder una máquina de escribir, usada para redactar el documento de la herencia. Jamás confesó sus crímenes. El 13 de enero del 2004 se ahorcó en prisión a los 57 años de edad.

URUGUAY. En el año 2006, el caso de un médico en San José, acusado de asesinar a cuatro de sus pacientes, causó conmoción en la opinión pública. Se trataba de Diego Magga, que fue expulsado de FEMI luego que un tribunal de ética fallara en su contra por haber dado dosis de morfina a pacientes no terminales. Medio año después la Justicia declaró inocente a Magga.

De todas formas, un informe realizado con el apoyo de la Oficina Panamericana de la Salud llegó a la conclusión de que en ninguno de los cuatro casos estaba "indicado" el tratamiento paliativo que dio Magga a sus pacientes.

También en el año 2006, otro hecho acaparó la atención mediática. Fue el "Caso Mary". Una enfermera del Hospital Pasteur, Mary Cranchi, fue condenada por homicidio luego de colocarle a un paciente una sonda gástrica directamente a la sangre. En principio fue condenada por haber cometido homicidio intencional, pero años más tarde la Justicia cambió la carátula por "homicidio no intencional".