Definir
políticas de estado
Cualquiera
sea el resultado de las elecciones del domingo próximo, hay algo
que está fuera de toda duda y es que el futuro gobierno va a tener
que afrontar una pesada carga. Deberá tomar en sus manos la conducción
de un país afectado por una crisis de inocultable gravedad. Deberá
impulsar la recuperación de sus debilitadas instituciones políticas
y económicas. Deberá edificar las bases morales y materiales
para la recomposición de la confianza pública externa e
interna, hoy severamente dañada.
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Además, deberá garantizar la gobernabilidad, restablecer
la seguridad individual y colectiva, diseñar e instrumentar una
reforma severa y efectiva del Estado, erradicar el fenómeno de
la corrupción y, entre muchas otras cosas, liderar un proceso de
cambio que permita aumentar los niveles de eficiencia y dinamismo de los
tres poderes públicos de la Nación, así como la modernización
de sus sistemas de infraestructura.
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El presidente que surja de los inminentes comicios deberá gobernar
una sociedad castigada por una recesión económica inusitadamente
prolongada, que ha hecho estragos en el cuerpo social y ha llevado a la
pobreza o la indigencia a extendidos sectores de la población.
Deberá restablecer las condiciones mínimas para que el país
retome la senda del crecimiento, para que su economía se reinserte
en el mundo y para que renazcan el crédito y el empleo. Y deberá
renegociar el pago de la deuda con los organismos internacionales en las
mejores condiciones posibles. Al mismo tiempo, deberá tratar de
asegurar que las tímidas mejoras que se han logrado últimamente
en la marcha hacia la reactivación del aparato productivo de la
Nación se afiancen y pasen a ser la base de una tendencia económica
estable y sistemática.
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Lo que hemos enumerado es apenas una parte de la ciclópea labor
que le espera a quien resulte elegido presidente en los comicios que se
celebrarán pasado mañana y que culminarán -o no-
con el "ballottage" del 18 de mayo. Ante la magnitud del desafío
a que deberá hacer frente, es evidente que el futuro jefe de Estado
va a necesitar establecer consensos o acuerdos básicos con los
diferentes sectores políticos y sociales, de modo que las líneas
estratégicas fundamentales de su gobierno cuenten, de antemano,
con el mayor respaldo posible.
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Los argentinos deberíamos definir sin demora las políticas
de Estado que habremos de respetar y aplicar solidariamente por encima
de nuestras divergencias sectoriales o partidarias. Algunas de esas políticas
están implícitas en la somera descripción que hemos
hecho de los desafíos que el futuro presidente tendrá que
afrontar. Son las que tienen que ver, por ejemplo, con el fortalecimiento
del sistema institucional, con la mejora de los servicios de seguridad
y la recuperación del orden público, con la ineludible reforma
del Estado o con la estabilización de las variables fundamentales
de la economía. La sociedad argentina debería debatir cuanto
antes el contenido de ese repertorio básico de políticas
y estrategias de Estado, a la luz de las propuestas del candidato que
resulte vencedor en la contienda del domingo próximo o bien en
un diálogo interactivo con quienes sean elegidos para competir
en el "ballottage".
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Es fundamental tener en cuenta que esas políticas van a necesitar
una base amplia de consenso. No bastará con que la apoyen las estructuras
político-partidarias representadas mayoritariamente en los cuerpos
legislativos de la Nación: deberían darle también
su respaldo las organizaciones civiles y los múltiples sectores
de la vida empresaria, cultural o social.
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Ningún sector debería marginarse de esa responsabilidad:
ni los que emerjan vencedores de la contienda electoral del domingo próximo
ni los que en definitiva resulten vencidos. La nueva etapa que se abre
va a necesitar del patriotismo y la madurez de todos los argentinos, más
allá de la diversidad que imponen las fidelidades partidarias o
el espíritu de pertenencia a un determinado sector. Es hora de
pensar en la Nación, en el país que viene, en la patria
de todos.
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