EL ARBOL DEL DINERO DE IRAK

Invadir, ocupar y reconstruir a Irak costará a los contribuyentes estadounidenses más de 100 mil millones de dólares. Pero, para algunas afortunadas compañías, Irak está emergiendo como un centro de dinero. La administración Bush está empezando a otorgar contratos, y empresas con buenos contactos políticos como Halliburton se encuentran entre los primeros ganadores. Esto da la impresión de un favoritismo descarado, y socava la imagen que ha querido dar la administración de que esta guerra fue una campaña en busca del desarme y la democracia, no del lucro.

Pese a los daños limitados que causó esta guerra, los destrozos causados por conflictos previos y años de sanciones económicas han dejado en ruinas a buena parte de Irak. Carreteras, puertos y escuelas deben ser reconstruidos, debe renovarse la industria petrolera y repararse las redes de energía eléctrica y comunicaciones. Pero eso no significa que todo esto debe hacerse sin que haya competición por parte de las compañías o que tales contratos deban ser a largo plazo. Además, al recibir buena parte del dinero que se invierta en el primer año, las empresas estadounidenses favorecidas pueden tener una ventaja inicial para firmar también otros contratos en el futuro. Se prevé que la reconstrucción costará unos 20 mil millones de dólares al año durante los tres años siguientes.

Al estar en juego tanto dinero es vital que las licitaciones sean competitivas, trasparentes y abiertas para todos. Esto no ha ocurrido hasta la fecha. Poco antes del inicio de la guerra, el Cuerpo de Ingenieros del
Ejército otorgó un contrato, sin competencia, a una subsidiaria de Halliburton que debía encargarse de combatir los incendios petroleros durante los dos próximos años. Halliburton es una empresa que estuvo bajo el mando del vicepresidente Dick Cheney de 1995 a 2000. El negocio en sí puede valer unos 7,000 milones de dólares.

Los reglamentos federales para la otorgación de contratos permiten que las regulaciones normales sean pasadas por alto cuando el tiempo es corto y están en juego cuestiones de seguridad nacional. Esas excepciones pueden aplicarse a campos petroleros incendiados durante el conflicto armado, pero es difícil ver en qué forma justifican un contrato por varios años de duración. El Congreso, correctamente, ha pedido al Cuerpo de Ingenieros que proporcione detalles acerca del contrato de Halliburton y que explique por qué no se permitió que cotizaran otras compañías.

En el Departamento de Estado, la Agencia para el Desarrollo Internacional (ADI) ha limitado sus licitaciones a una lista corta compuesta fundamentalmente por compañías contratistas con firmes contactos políticos. Entre ellas se incluye el Bechtel Group, en cuyo consejo directivo tiene un puesto George Schultz, ex secretario de Estado, y la Fluor Corp., cuyo ejecutivo en jefe, recientemente jubilado, está siendo considerado por el Pentágono para dirigir la industria petrolera iraquí.

Las compañías injustamente excluidas de participar en esos contratos están justificadamente molestas, entre ellas algunas basadas en Gran Bretaña, el aliado militar más importante de Estados Unidos en Irak. Según las reglas de la Organización Mundial de Comercio, los contratos de este tipo deben estar abiertos a todos los interesados, sean éstos nacionales o extranjeros.

Incluso si se puede encontrar una base legal para estos arreglos cerrados, son inaceptables. La guerra en Irak se libró en nombre de altos principios. La victoria no debe convertirse en una bonanza financiera no merecida para compañías cuyo único mérito consiste en haber cultivado vínculos estrechos con la administración Bush.

THE NEW YORK TIMES