PABLO MELÉNDREZ
El Ministerio del Interior sostiene que "no se le puede atribuir responsabilidad" en la polémica muerte de un recluso del CNR en agosto de 2010. La secretaría de Estado da por hecho que el interno se suicidó, pero para la Justicia lo mataron.
El caso del interno Mauro Bozzatta, quien fue encontrado sin vida en su celda del Centro Nacional de Rehabilitación (CNR) en la noche del 30 de agosto de 2010, sigue su curso a nivel judicial tanto en la órbita penal como en la vía civil, a raíz de un reclamo de indemnización presentado por su madre.
En diciembre, la jueza Fanny Canessa procesó sin prisión a la directora del CNR, Diana Noy, a quien le imputó el delito de "homicidio por omisión impropia" ya que, según concluyó, la jerarca no tomó medidas para proteger la integridad física de Bozzatta, quien en los días previos a su muerte fue duramente golpeado por otro interno.
Tras el procesamiento de Noy, la madre de Bozzatta presentó una demanda civil contra el Ministerio del Interior reclamando una indemnización de US$ 50.000 por el daño moral y familiar sufrido.
La madre del recluso, representada por el abogado Luis Compañ, fundamenta su reclamo sobre la base de que el joven fue asesinado. La jueza Canessa y la fiscal adjunta Beatriz Scapusio, quienes tienen a su cargo la indagatoria penal, tienen la misma convicción y cuentan con elementos probatorios que demuestran que no se trató de un suicido.
Sin embargo, el Ministerio del Interior, al contestar la demanda de la madre del joven, sostuvo que "no tiene un vínculo con el objeto del proceso y tampoco se le puede atribuir responsabilidad por los padecimientos sufridos por la víctima (Bozzatta)".
La secretaría de Estado, en un escrito presentado ante el juez de lo contencioso administrativo Adolfo Fernández de la Vega, señaló que en la muerte del interno "no se ha probado ni se podrá probar que fuera provocada por el actuar de la administración (porque) ésta no puede prever que los reclusos no se autoeliminen y menos de la forma y en el momento que Bozzatta lo hizo".
El recluso, a quien al momento de morir le restaban cuatro meses para cumplir su condena, denunció la existencia de una red de corrupción entre policías e internos del CNR principalmente en lo que tiene que ver con el ingreso y uso de teléfonos celulares en el centro penitenciario.
Antes de aparecer sin vida y su cuerpo colgando de una sábana en su celda, Bozzatta recibió una dura golpiza de parte de otro interno, que resultó procesado. Tras ese hecho, la jueza Canessa y la fiscal Scapusio ordenaron a Noy que tomara medidas para proteger a Boz-zatta, pero según las magistradas, la directora del CNR no adoptó los recaudos suficientes, y ese fue uno de los motivos por los cuales la jerarca terminó siendo procesada.
Para el Ministerio del Interior, la muerte del recluso "no tiene nexo causal con un hecho, acto u omisión de la Administración; el servicio no falló", dice el escrito oficial firmado por el abogado Federico Dos Santos. Y por eso la secretaría de Estado pidió que se rechace la demanda en su contra.
FUE UN HOMICIDIO. El principal argumento de defensa del Ministerio del Interior para aducir que no tuvo responsabilidad en la muerte de Bozzatta es porque se trató de un suicidio, pero eso se da de bruces con la línea de investigación penal a cargo de la jueza Canessa y la fiscal Scapusio, quienes no tienen dudas respecto a que el interno fue asesinado.
Y las magistradas cuentan con varios indicios que sustentan esa hipótesis. La principal prueba en ese sentido es que Bozzatta ingirió, sobre las 20:50 del 30 de agosto, dos potentes somníferos, lo cual no le habría permitido quitarse la vida ahorcándose con una sábana.
Los medicamentos (Parnox y Bromazepán) le habían sido recetados a Bozzatta por el médico del CNR. La combinación de ambos tarda unos 40 minutos en hacer efecto.
Por eso, como las pericias forenses determinaron que el recluso murió entre las 21:30 y las 22:00 horas, la jueza Canessa y la fiscal Scapusio llegaron a la conclusión de que no pudo quitarse la vida porque ya estaba dormido o, con mucha suerte, en la última etapa previa a conciliar el sueño.
Pero además, según lo que se comprobó en la reconstrucción del hecho, la sábana en la que apareció el cuerpo de Bozzatta colgando del techo de la celda, no pudo provocar el efecto de ahorcamiento necesario para terminar con su vida.
El acta de la reconstrucción del hecho, señala que "con el resto de la sábana que quedaba colgando, fue imposible anudar el cuello". El informe agrega que por la extensión de la sábana, tampoco fue posible realizar un nudo corredizo.
Por todo ello, para la jueza Canessa y la fiscal Scapusio es claro que Bozzatta fue asesinado y luego, para intentar simular un suicidio, su cuerpo fue colgado de una sábana.
Más allá del procesamiento de la directora del CNR, la investigación judicial apunta ahora a encontrar a los autores materiales del homicidio de Bozzatta, para lo cual se abrió un nuevo presumario.
La próxima semana, la jueza Canessa interrogará a varios guardias del CNR. Según los registros de las cámaras de seguridad del centro penitenciario, hay al menos tres policías y varios reclusos que entraron o salieron del módulo donde estaba alojado Bozzatta antes de que apareciera su cadáver.
El CNR, una cárcel "modelo" en el país
Al contestar la demanda presentada por la madre de Mauro Bozzatta, el Ministerio del Interior señaló que el Centro Nacional de Rehabilitación (CNR) fue pensado "con la intención de crear un centro de reclusión modelo en el Uruguay". Las autoridades dedican varios párrafos del escrito presentado ante el juez de lo contencioso administrativo Adolfo Fernández de la Vega a resaltar las cualidades del centro penitenciario inaugurado en 2002 donde antes funcionaba el ex Hospital Musto.
En el escrito, el Ministerio del Interior detalla las principales características del CNR, que es centro penitenciario "semiabierto" donde se alojan internos jóvenes y, en su mayoría, primarios. La institución cuenta con atención sicológica y brinda varios programas educativos.
"En resumen, podemos afirmar que el CNR es un lugar excepcional para ciertos reclusos, donde reciben atención especializada en un ambiente acorde a aquellos reclusos a los que les queda poco tiempo para egresar del sistema penitenciario", destaca el escrito judicial que el Ministerio del Interior presentó en el juicio civil.