Convenio secreto durante 35 años

El abogado y exsecretario general de la Intendencia de Montevideo (también se desempeñó como director del Banco República), Fernando Scrigna, dijo a El País que hay varios aspectos confusos del convenio para el Antel Arena que la Intendencia presentó a la Junta Departamental.

Uno de los más polémicos tiene que ver con una cláusula de confidencialidad. El convenio prevé que las partes se comprometan a tratar cualquier información vinculada con la otra parte como "confidencial" y que "no deberá ser divulgada o distribuida a ningún tercero sin la autorización otorgada por escrito de la otra parte, salvo que sea requerida por un órgano competente". Se estipula que dicho acuerdo de confidencialidad "subsistirá durante los cinco años inmediatos posteriores a la extinción del presente convenio". La vigencia del convenio se prevé por 30 años.

Scrigna dijo a El País que un contrato de esa naturaleza involucra licitaciones y contrataciones con dineros públicos que con esa cláusula no podrán ser conocidos. También dijo que la disposición viola la ley de Acceso a la Información Pública.

Otro punto polémico está relacionado con la potestad que la Intendencia le otorga a Antel para realizar un proyecto ajeno al Cilindro. "Antel podrá realizar, dentro del Complejo Multifuncional, infraestructuras deportivas de nueva construcción y sustituir completamente las instalaciones del Cilindro, o reconstruirlo realizando un proyecto que incorpore total o parcialmente las edificaciones existentes", señala el acuerdo.

Scrigna también duda que la Intendencia pueda comprometerse a modificar indicadores urbanísticos en función del proyecto edilicio (que aún no se conoce) que presente Antel. "La IM dispondrá de un plazo de 30 días corridos para la aprobación de los permisos necesarios para la realización de las obras, a partir de su presentación por parte de Antel. En caso de que la Intendencia no se expida en dicho plazo, los permisos necesarios se entenderán otorgados. La Intendencia comunicará y facilitará a Antel, dentro de los 30 días siguientes a la firma del convenio, los indicadores urbanísticos a aplicarse compatibles con este programa, autorizando si fuere del caso, y en el mismo plazo, indicadores urbanísticos especiales para la mejor resolución arquitectónica de este emprendimiento".

"Esto es como darle un cheque en blanco a Antel para que haga, desde lo urbanístico, lo que quiera. La Intendencia quedaría sin potestad de intervenir frente a un proyecto inadecuado", sostuvo.

Scrigna precisó que no es el proyecto lo que se discute. "En la zona del Cilindro algo debe hacerse y esta puede ser una buena idea, lo que no puede pasar es que se concrete avasallando la Constitución porque resulta muy claro que Antel no lo puede hacer. La soja es un buen negocio y no por ello Antel sale a plantarla", dijo.