Puerto escondido

SEBASTIÁN CABRERA

Aquel 4 de febrero de 2010 Enrique Gudynas entendió por qué la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) no controlaba -ni, mucho menos, sancionaba- a un astillero que se dedicaba al desguace de barcos desde hace unos ocho años en Punta del Canario, en la zona de Rincón del Cerro, a quince minutos del Centro de Montevideo.

Ante el juez letrado Adolfo Fernández, un representante de la Dinama le explicó a Gudynas que no tenía noticia del astillero. Que no se registraba el emprendimiento denunciado por él ni estudios ambientales sobre su impacto. Es decir, la empresa -ubicada en una zona definida como área ecológica significativa por el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) departamental y donde a veces se realizaban quemas de productos tóxicos ahí al lado del mar- no existía para la Dinama. Y después Gudynas se enteraría que tampoco la Intendencia de Montevideo controlaba al astillero.

De 67 años, Gudynas está jubilado y tiene un pequeño campo a unos 100 metros de ese astillero que nació en la década de 1970 bajo el nombre de Kambara y que en 2002 recibió autorización del gobierno para operar como puerto. Pero, en los hechos, nunca lo hizo. Allí solo hay barcos viejos: la empresa -Dinvert S.A.- básicamente se dedica al desguace, aunque también repara embarcaciones.

Entre el astillero y el campo de Gudynas hay una pequeña playa escondida, que es un secreto a voces entre la gente de la zona. A esa playa se llega por el camino Juan Torora, que termina frente al río. Desde ahí hay que caminar un par de cuadras por un caminito peatonal que pasa atrás del campo de Gudynas. La playa es tranquila y agradable, a no ser porque desde lejos se ve la grúa del astillero, algunos barcos viejos en el muelle y bastante chatarra.

Ya no, pero antes era común ver y oler el humo que salía por la quema de material, uno de los motivos por los que el astillero terminaría siendo clausurado (ver foto en página 10).

Gudynas camina por la playa, se mete entre los matorrales y se acerca hasta el astillero de Dinvert. Allí se ven algunos operarios caminando y un camión que entra. En la playita, un muchacho se baña con su sobrina. No hay nadie más, pero Gudynas dice que los fines de semana viene más gente.

Después señala una cañada que llega al mar y reflexiona: "Esta es una zona ecológica significativa. Es jorobado que esta chatarrería esté acá". Gudynas se pasa casi todo el día en Rincón del Cerro, aunque de noche suele irse a otro domicilio que tiene en el centro montevideano. La dueña de casa, la que vive todo el año en este campo al lado de la playa y a cien metros del astillero, es Anastasia, su perra.

"Yo estoy obligado a pelearla. No me quiero ir de acá", dice Gudynas, "pero esto se ha convertido en una guerra santa con esta gente". Y cuando dice "esta gente" se refiere a la familia Capurro, que en 2000 compró el astillero a una firma japonesa.

CONCESIÓN. Un momento clave de esta historia es octubre de 2002, cuando el gobierno de Jorge Batlle dio una concesión a Dinvert S.A. por 30 años para realizar "actividades portuarias" en Rincón del Cerro. La empresa estaba obligada a presentar un plan de contingencia de prevención y vigilancia de posibles contaminaciones. Y debía obtener las habilitaciones ambientales correspondientes.

La firma proponía brindar el servicio de varadero, reparaciones navales y de desguace de buques, además de mover algunas cargas "a través del método fluvial". Se estimaba una inversión de un millón de dólares desde 2003. Pero, con el paso de los años, el puerto se convirtió en un depósito de chatarra porque el desguace ha sido la actividad principal de Dinvert.

Gudynas se empezó a dar cuenta de eso. Es el único vecino con una casa bien cerca del astillero y hace unos años decidió que no quería seguir viviendo tan cerca de toda esa chatarra. Contrató una avioneta y sacó decenas de fotos, envió notas a la Dinama, a la Intendencia de Montevideo y al Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

"Yo quiero que hagan el puerto, para el que tenían autorización", dice Gudynas, "que los barcos trabajen y anden por acá, pero que esto no sea un chatarrero y que no haya quema de basura".

Un día, allá por setiembre de 2011, hubo una gran humareda producto de quema de productos tóxicos, más grande de lo habitual, que llegó hasta su casa y dice que le provocó problemas para respirar. Eso lo llevó a hacer más reclamos. La lucha entre los Capurro y Gudynas también tiene otros condimentos, como un reclamo ante la Policía por perros "salvajes" que la empresa liberaba de noche en la zona por motivos de seguridad, y que lo corrían a él y a su propio perro. Y también una supuesta amenaza de uno de uno de los dueños de la empresa hacia él, que terminó con una orden judicial de que no se le acercara (ver recuadro).

Al final, la lucha tuvo sus primeros resultados. El 24 de octubre de 2011 la División Control y Desempeño Ambiental del Dinama inspeccionó a Dinvert, cuando se realizaba el desguace de dos barcos de la Armada. El informe, al que accedió Qué Pasa, dice que la firma quema "con autógena" las partes del barco para separarlas y luego comercializarlas. "De esa actividad se desprende humo", dice la Dinama, que le pidió a la empresa la elaboración de un plan de gestión de los residuos, que no tenía. La resolución indica, además, que "se ha constatado que la empresa realiza quemas a cielo abierto de residuos". Esas quemas fueron prohibidas, dice el director de Medio Ambiente, Jorge Rucks.

Unos meses después, en abril de 2012, la Dinama sancionó a Dinvert con 100 unidades reajustables, unos 58.000 pesos, por no haber presentado ese plan. La empresa pagó la multa pero, según la versión de uno de sus gerentes, Ignacio Capurro, luego la Dinama quitó la sanción económica. Rucks, en cambio, dice que no consta en el expediente que la empresa haya recurrido la multa ni que el importe haya sido devuelto. Sí consta que la firma presentó luego un plan de manejo de residuos, que se registró ante la Dinama y que se habían empezado a separar los materiales en forma correcta.

Pero la resolución que más festejó Gudynas había llegado un poco antes, el 9 de febrero de 2012, cuando el director general de desarrollo ambiental de la Intendencia de Montevideo, Juan Canessa, resolvió clausurar las actividades de Dinvert debido a que la firma estaba "en clara contravención a la normativa departamental y nacional". Y porque las actividades del astillero estaban "provocando impactos y pasivos ambientales" en una zona definida por el POT como "área ecológica significativa, cuya categoría es Área de Paisaje Natural Protegido, siendo sus objetivos la preservación, recreación, turismo, parque y camping". La resolución menciona la generación de "humo negro" y fuerte olor a plástico en el lugar.

Una fuente de la Intendencia dice que en el lugar había "total desorden" cuando se decidió la clausura, que los materiales estaban "todos mezclados" al aire libre, que había residuos acumulados desde hace "años y años", que no había habilitación de Bomberos ni del gobierno departamental. "La empresa nunca comunicó nada y, como está en un lugar medio escondido, no pasaba nada", explica esa fuente municipal.

Y agrega que en forma rutinaria había pequeños incendios y quemas debido a que en los barcos hay material inflamable y, al cortar "en caliente", hay que tener sumo cuidado de que no se provoquen incendios. "Pero ellos dejaban que se incendie porque el metal -que es lo que les interesa- no se quema y así no gastaban en mano de obra para sacar materiales que no precisaban. Es más barato quemar que sacar a mano", dice el informante.

A partir de febrero de 2011 Dinvert empezó a trabajar para intentar dejar sin efecto la clausura. Y, parcialmente, lo logró hace unos meses. El 17 de octubre la Intendencia suspendió la medida en forma provisoria por 90 días debido a que se habían levantado algunas observaciones. Desde ese momento no ha habido quemas ni humo negro. Eso sí, la Intendencia le pidió a Dinvert que presente en este plazo de 90 días la finalización de trámite de habilitación de local industrial, la habilitación ante el Servicio de Instalación Mecánicas y Eléctricas de la IMM y también de la Dirección Nacional de Bomberos. También le solicitó que presente un plan de gestión ambiental, además de un plan de seguridad y control del fuego.

Puede resultar curioso que se habilite a operar a una empresa que trabaja con productos tóxicos sin la habilitación de Bomberos y sin un plan de control del fuego. Desde la Intendencia se explica que se la ha dado un plazo a la firma para que "vuelva a trabajar, haga un dinero, que los empleados salgan del seguro de paro y que en este tiempo se hagan mejoras, que todo se ponga en ritmo". La idea es que el astillero funcione pero con las medidas ambientales adecuadas.

A fines de enero se vence el plazo pero la empresa pediría un mes más para presentar la información que le permitiría levantar la clausura en forma definitiva. En un pasillo municipal, justo cerca de donde hay un afiche que llama a "disfrutar y conocer las playas del Oeste" de Montevideo, un funcionario confiesa que la situación sería otra si la empresa "en vez de gastar en abogados para convencer a la Intendencia, hubiera gastado en hacer todo bien desde el principio".

POR DENTRO. Un ancla aparece al costado del Camino Pajas Blancas, en el Montevideo rural. Es ahí donde ahí arranca un camino sin nombre que, tras recorrer unos 500 metros, lleva hasta el astillero. Pero, salvo el ancla, no hay ningún cartel ni señal que anuncie a Dinvert.

Una vez adentro se ve chatarra apilada por todos lados. A media tarde hay unos pocos empleados. Hasta no tener la habilitación definitiva, la empresa todavía no ha vuelto a trabajar a gran ritmo y quedan funcionarios en el seguro de paro.

Ignacio Capurro, gerente del proyecto, dice a Qué Pasa que, hasta que llegaron las denuncia del vecino, el astillero tenía "todo las habilitaciones que, por ignorancia, consideraba necesario para operar; es decir, Hidrografía, Prefectura, Transporte y Obras Públicas y Ministerio de Defensa". Pero dice que no sabían, por ejemplo, que había que tener una habilitación de la IMM. "Pagamos los platos rotos por eso y nos salió carísimo", cuenta Capurro.

Según el empresario, es mentira que en Dinvert se quemaran materiales tóxicos: dice que hubo tres incendios puntuales en 10 años. "Los barcos se cortan con sopletes, es decir, se separan los materiales mediante fundición", explica Capurro, "y cuando trabajás a temperaturas altas hay posibilidades de incendios. Eso nos pasó: tuvimos accidentes".

Capurro dice que eso del "desguazadero ilegal escondido en un páramo" es un mote que les puso Gudynas y que, en realidad, Dinvert es "una inversión de mucha plata". Su tarea, afirma, ayuda a reciclar más del 85% del material de las embarcaciones: acero, cobre y aluminio.

Pero la guerra entre Capurro y Gudynas tiene otros ingredientes. Algo cansado, el empresario contraatacó y hace pocas semanas denunció al vecino ante el BPS porque no tiene registradas las construcciones en su predio. También, ante la Dinama porque no tiene permiso especial por haber construido en los primeros 150 metros de costa y por haber levantado un cerco perimetral sobre la roca. Y, por último, lo denunció ante la Intendencia por no haber sacado la habilitación de local comercial para Paseo Oeste, un emprendimiento turístico para promocionar la zona que hace unos años Gudynas había intentado promover.

Pero no todo es malo. Capurro dice que -aunque le haya molestado mucho- igual "agradece" la campaña de Gudynas. Porque le ha permitido que ahora, por primera vez y después de diez años, el astillero esté cerca de tener todo en regla. O que al menos lo intente.

2002

ese fue el año en que el Poder Ejecutivo autorizó a Dinvert S.A. a desarrollar un nuevo puerto.

3

barcos por año fueron al desguace en el astillero desde 2002, según estiman en la Intendencia.

PERROS, RATAS Y AMENAZAS

En febrero de 2012, Enrique Gudynas presentó una denuncia ante la seccional policial 23 contra Juan Carlos Capurro, dueño de Dinvert, porque -según dice- se cruzaron en la calle y este lo amenazó: "Cuidate, me tenés los huevos llenos, no dejás trabajar a los demás". Capurro negó la denuncia a la Justicia y recordó, además, que antes Gudynas lo había denunciado por tener perros en el predio y antes por la proliferación de ratas. Como es habitual en estos casos, el juez le prohibió a Capurro que "mantenga contacto con el denunciante". Pero Gudynas dice que, unos días después de eso, vio a Capurro caminando frente a su portón de entrada con el rostro pintado de negro. Esta versión también fue desmentida por la empresa.