Se congela negociación por monitoreo

FEDERICO CASTILLO

La movida del gobierno argentino ante los piqueteros de Gualeguaychú congeló las negociaciones con Uruguay para el monitoreo del río y tensó las relaciones entre los habitantes de esa ciudad de Entre Ríos, donde hay amenazas de escraches.

El miércoles 2, cuando el presidente José Mujica se reunió en Anchorena con su par argentina, Cristina Fernández, se fijó un plazo de 60 días a partir de esa fecha para llegar a un acuerdo sobre el monitoreo conjunto del río Uruguay y, eventualmente, de la planta de UPM en Fray Bentos.

Pero tras el sorpresivo anuncio del gobierno argentino de iniciar una serie de demandas penales contra los piqueteros que cortan el paso en Gualeguaychú rumbo a Fray Bentos, esa negociación no ha avanzado ni un milímetro. Y el plazo sigue corriendo.

Uruguay, que se mantiene firme en que sólo admitirá un monitoreo de los dos países sobre el río y no sobre la planta, espera el desenlace de los acontecimientos en este nuevo escenario judicial abierto para el desalojo de los piqueteros. Y en tanto, varios ministros argentinos señalaron que la posibilidad de acordar la vigilancia conjunta está "trabada" por la permanencia del corte.

"Ellos (Argentina) están haciendo su movida, nosotros con tranquilidad esperamos novedades", comentó a El País una alta fuente del gobierno, quien agregó otro dato: ni los presidentes ni los cancilleres de ambos países se comunicaron en estos días para coordinar el tema.

Consultado por El País, el vicepresidente Danilo Astori añadió que ahora se debe "esperar con serenidad y tranquilidad, con confianza y apostando a la buena fe" y dejó claro que eso se hará "asumiendo un perfil bajo".

Por su parte, y consciente de que los plazos se están agotando, el ministro de Justicia argentino, Julio Alak, pidió ayer a los integrantes de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú que reflexionen "rápidamente" y levanten el corte. Enfatizó que "la no aceptación de liberación del puente está generando la imposibilidad del control ambiental".

"Uruguay nos está diciendo: No podemos permitir que vengan a controlar nuestros territorios, nuestras plantas fabriles y nuestros ríos, mientras ustedes están en una situación de alzamiento contra una resolución internacional. Liberen el puente y conformemos la comisión para hacer los controles", reclamó Alak.

Pero todo tiende a indicar que el desalojo de los piqueteros, que parecía inminente el miércoles pasado cuando se esperaba la acción de gendarmería, se va a resolver por el largo camino judicial.

El viernes la presidenta Cristina Fernández tuvo que firmar de apuro un decreto para habilitar la querella a los piqueteros ante la Justicia de Concepción del Uruguay. La firma del decreto fue exigida por el juez subrogante Gustavo Pimentel, quien dijo que no alcanzaba con una orden verbal para iniciar los juicios por 18 delitos, incluidos sedición y homicidio culposo.

La Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay aún no divulgó contra quienes serán las denuncias. Se habló de diez y hasta 25 líderes piqueteros involucrados.

Escraches. Luego de un día entero de furia y tensión, tras el anuncio de la querella judicial contra los piqueteros, todo parecía seguir igual en el piquete de Arroyo Verde: dos o tres jubilados lo custodiaban tomando mate al borde la ruta y soportando como podían el frío de la mañana del día después.

Es que los coletazos más fuertes de esta movida que busca terminar en el desalojo de los manifestantes, no se advierten en el lugar de los hechos, en el piquete. Allí la parsimonia habitual sólo se ve interrumpida una vez cada tanto y por pocos minutos. Pero en la ciudad de Gualeguaychú ya asoman las consecuencias de tres años y medio de bloqueo.

Allí se habla ahora de posibles escraches a quienes promovieron acciones para que se libere la ruta y se califican entre vecinos como traidores, egoístas o radicales. Una ciudad que, aunque muchos no lo admitan, parece dividida entre los que ya están hartos del piquete y los que quieren mantener la "lucha" hasta las últimas consecuencias.

En plaza que rodea la municipalidad de Gualeguaychú, se pudo ver algo de este quiebre entre las dos posturas.

Los asambleístas, coléricos, le gritaron "¡traidores!" a los vecinos que presentaron las denuncias para levantar el corte. Se trata de comerciantes, estudiantes, amas de casa (entre otros) que en forma espontánea crearon el grupo Ciudadanos Movilizados.

Según publicó ayer el portal digital del diario argentino Clarín en el ciudad argentina existe ahora el temor a que estos vecinos sean escrachados e incluso la Policía provincial actuó de oficio y ordenó instalar custodia policial en los domicilios de algunos de los ciudadanos que se presentaron ante la Justicia contra el corte.

El abogado Juan Carlos Drabble, patrocinante de Ciudadanos Movilizados, reconoció que en su casa hubo policía de custodia, aunque él no la pidió. "Creo que fue sólo por prudencia", señaló. Abel Martínez, uno de los integrantes de ese grupo, comentó que en Gualeguaychú no existe el "fervor" que se ve en las asambleas de los piqueteros y que pese a ser uno de los que se opone al corte, camina "tranquilo" por la calle. "Algunos por ahí me miran feo, pero no pasa de eso", dijo.

Iglesia de Entre Ríos procura "acercar"

El arzobispo de Paraná, Mario Maulión, dijo ayer que la Iglesia entrerriana realiza gestiones para mantener la fraternidad entre argentinos y uruguayos en medio del conflicto binacional por la papelera.

Según publicó el matutino argentino La Nación, Maulión abogó por un "acercamiento entre las partes" distanciadas por el corte que mantiene cerrado el paso entre Gualeguaychú y Fray Bentos desde hace ya tres años y medio.

"En todo momento se trabaja en la búsqueda de un acercamiento entre las partes", dijo Maulión y destacó el compromiso de la Iglesia en la búsqueda de una solución pacífica al conflicto.

Por otra parte, dijo coincidir con la postura del obispo de Gualeguaychú, Jorge Lozano, quien sostuvo "el compromiso de siempre de velar por la fraternidad de los dos pueblos, pero acompañando los reclamos legítimos que tiene la ciudadanía".

Maulión admitió que el acercamiento "no es fácil", pero que se "esta continuamente intentando". Agregó que prefiere evitar la palabra "mediación" y utilizar la expresión "acercamiento" para "arreglar la situación".

Denuncia a Kirchner por tolerar el corte

Según publicó ayer el diario argentino La Nación, el viernes se radicó en tribunales una denuncia que acusa a la presidenta Cristina y a su esposo y ex mandatario Néstor Kirchner de no haber actuado a tiempo contra el piquete.

El delito que se les imputa es el de violación de los deberes de funcionario público, por haber tolerado el corte de ruta desde que éste comenzó. La denuncia fue presentada por el abogado Enrique Piragini y recayó, por sorteo, en el juzgado de Norberto Oyarbide, el mismo juez que sobreseyó al matrimonio en la causa que los investigó por enriquecimiento ilícito.