Aconsejada por bancos, Aratirí frena inversión; decepción oficial

P. MELGAR / D. ISGLEAS

El gobierno mostró decepción por la decisión de Aratirí de desacelerar el proyecto en Uruguay. Topolansky acusó a la oposición por "el nivel de cacareo", que provocó el recelo de los bancos internacionales que iban a financiar el proyecto.

Aratirí resolvió enfriar el proceso de inversiones por un fuerte debate político sobre el proyecto. "El proyecto no se cae pero dejó de tener la velocidad que tenía", dijo en la mañana de ayer el gerente general de la empresa india en Uruguay, Fernando Puntigliano.

Puntigliano incluso indicó que es posible que él mismo se vaya del país. "Toda la gente especializada que estaba trabajando en el proyecto se va a ir a trabajar a otros proyectos de Zamin en el mundo, porque no tiene sentido dejarlos aquí parados. Yo mismo puede ser que vaya a otro país", admitió luego a Subrayado.

El gerente explicó que "los bancos que evalúan la financiación de dos tercios del proyecto (unos 2.000 millones de dólares) están aconsejando invertir en otros emprendimientos con mayores niveles de seguridad", y señaló al continente asiático como el objetivo alternativo.

El ejecutivo, que en el gobierno de Tabaré Vázquez presidiera la Administración Nacional de Puertos (ANP), señaló al programa Mirando de cerca de Metrópolis FM que "hay cosas que a riesgo de la empresa se estaban haciendo, como la importación de máquinas y las demás órdenes de compras, que se detienen. Ese dinero se destina a otros proyectos del grupo".

El ministro de Industria, Roberto Kreimerman, confirmó que el presidente José Mujica quedó sorprendido con la decisión. El mandatario tomó "con decepción" el anuncio de Aratirí, afirmó el ministro, para agregar que "es una decisión de la empresa".

CACAREO. De inmediato se produjo un cruce de acusaciones entre la oposición y el oficialismo sobre la responsabilidad política en la decisión de la empresa.

"El nivel de cacareo que hubo ha llevado a esta decisión de los bancos que financian al proyecto. Espero que (el emprendimiento) siga adelante. Uruguay sigue con las mismas garantías, las mismas responsabilidades", dijo a El País la senadora Lucía Topolansky, responsabilizando a los partidos de la oposición por la decisión de la empresa india de desacelerar la inversión en la minera Aratirí.

Por su parte, el senador Jorge Larrañaga, de Alianza Nacional, sostuvo que "es inaceptable e improcedente" la declaración de Puntigliano en nombre de la empresa.

"Este no es un país de cuarta categoría. Esto es una inadmisible presión a la ciudadanía, al sistema político y al gobierno", afirmó.

Larrañaga subió la apuesta y afirmó que si se pretende llevar adelante la inversión de cualquier manera, "bueno, que no realicen la inversión".

"Decir que por la interpelación a los ministros se puede llegar a trabar una inversión es un argumento que descalifica al propio gobierno", agregó.

A su vez, el senador colorado José Amorín consideró "normal" que cuando va a haber una inversión de este tipo haya un debate público. "Lo mismo sucedió cuando se instaló Botnia en el país", dijo a El País.

Según el legislador colorado, "el presidente Mujica no ha estado muy claro. Hoy culpa a la oposición de este problema, pero lo primero que dijo es que iba a convocar a una consulta popular sobre Aratirí, y eso no deja tranquilo a nadie. Tiene que tomar decisiones mucho más claras y no lo ha hecho. Si la inversión no se concreta, no es culpa nuestra. El presidente no ha sido claro en el tema", subrayó.

Topolansky insistió en que "hubo una interpelación temprana cuando el proyecto no estaba ni siquiera aprobado. Eso no se justificó".

La senadora aclaró que el gobierno no ha cambiado las reglas de juego. "La propuesta de aumentar el canon es una hipótesis. Todo son hipótesis. Por ahora no hay ningún cambio", añadió.

Para el diputado blanco José Carlos Cardoso, el expresidente de la ANP "quiere terciar en la discusión; no me gusta el procedimiento".

El legislador recordó que el Partido Nacional ya aprobó proyectos mineros. "El proyecto de Minas de Corrales fue aprobado por el gobierno Lacalle, fue mi partido y mi gobierno", aseveró Cardoso.

Negocios. La Minera Aratirí informó ayer, mediante un comunicado, que continuará trabajando en Uruguay pero "desacelerará el ritmo de inversión hasta tanto se obtengan las autorizaciones correspondientes".

Zamin Ferrous, responsable del proyecto minero, anunció en ese mensaje que la firma priorizará la inversión en proyectos en Asia.

La comunicación consignó que la decisión fue tomada "luego de haber discutido los riesgos, para cada uno de los proyectos, con los bancos internacionales" con los que viene trabajando la empresa india.

Por otro lado, la empresa destacó que continuará las actividades de prospección al tiempo que reducirá el ritmo de las exploraciones "porque ya ha llegado a la masa crítica requerida para el proyecto", dice la nota.

La decisión fue tomada el lunes de noche y comunicada en la misma jornada al ministro Kreimerman, quien notificó al presidente Mujica de la situación.

Cardoso: "Nunca usé la palabra estatizar; la idea es nacionalizar"

Pablo Melgar

-¿En qué consiste específicamente su proyecto?

-Yo no presenté un proyecto; lo que yo tengo son borradores elaborados por asesores en minería. La propuesta es nacionalizar, recuperar el dominio del recurso que hoy no lo tenemos en el hierro. El Código minero define tres clases de yacimientos: la clase 1 agrupa el petróleo, el gas, el uranio y todos los energéticos; la clase 2, los yacimientos auríferos y de estaño; la clase 3, el resto de los minerales metálicos, entre ellos el hierro. Los depósitos de la clase I solo pueden ser explotados por el Estado. Mi idea es que el hierro pase a ser considerado en la categoría 1, como el petróleo o el gas.

-¿Está planteando que el Estado se haga cargo de la explotación del hierro?

-Para nada, nunca utilicé la palabra "estatizar". La explotación siempre va a estar a cargo de empresas privadas, como Aratirí, pero las ganancias por extraer el hierro no serán del 90% para la empresa, como ahora. Si hubiera un proceso industrializador yo no hablaría de esto, acá se vende la piedra molida y se carga en un barco.

-Esa modificación del Código que usted propone no supone un cambio de las reglas de juego ya establecidas?

-Es un cambio, pero está amparado en la resolución 1803 de la ONU que trata sobre la soberanía permanente de los pueblos sobre los recursos naturales.

-Si ese cambio prospera, ¿la empresa minera podría demandar al Estado por cambiar las reglas que fijadas en la ley?

-La empresa podría reclamar indemnizaciones por los estudios realizados. No podría demandar al Estado porque aún no se le han concedido permisos para la explotación.

-¿No podría el Estado recaudar más dinero mediante impuestos a las ganancias de la empresa?

- Es un buen mecanismo y es de las cosas que quedaron pendientes de la charla con el presidente. El problema es que el sistema impositivo está en un cono de sombras. En base a los números que expone Aratirí, tendrían que pagar US$ 50 millones al año por concepto de IVA, pero las empresas exportadoras no pagan ese impuesto; se les devuelve. Según un decreto que firmó Tabaré Vázquez en 2007, la empresa podría aspirar al 100% de exoneración impositiva.

Proyecto de aratirí en cifras

El proyecto minero de la empresa Zamin Ferrous en Uruguay prevé una inversión de US$ 3.000 millones, un tercio con capital propio y el resto mediante financiamiento de bancos internacionales. Un 30% de la inversión será destinada a una terminal portuaria. Otros US$ 1.000 millones se invertirán en la planta de almacenamiento, un muelle de 2,5 kilómetros y un canal de 20 metros de profundidad para la maniobrabilidad de barcos.

Las previsiones de la empresa son iniciar la explotación en 2013, en lo que denominan una "cresta de la ola" de la demanda de hierro por parte de China e India.

Las prospecciones y exploraciones realizadas por la empresa revelaron hasta ahora el hallazgo comprobado de 2.100 millones de toneladas de hierro. Los geólogos estiman que el área tiene un potencial de 5.000 millones de toneladas. El precio actual de la tonelada de hierro supera los US$ 170.

De las 120.000 hectáreas que Aratirí tiene permisos concedidos para explorar, sólo planea utilizar hoy 617 ha para explotar cinco yacimientos en la zona de Cerro Chato. En total ocupará 6.210 ha incluyendo las pilas de roca extraída, represas de agua, la planta, cintas transportadoras y caminería. Esto implica el arrendamiento de 148 padrones, propiedad de 76 productores. A excepción de cuatro, el resto ya arregló con la minera.

De los predios en donde se extraiga el mineral, se les pagará al dueño de la tierra un canon del 2,5%.

Piden defender fuentes de trabajo

Marcelo Abdala, dirigente del sindicato metalúrgico, pedirá a la empresa minera la continuidad de los puestos de trabajo, que en la actualidad superan los 400.

El gremio habitualmente se ha manifestado a favor del emprendimiento, aunque Abdala sostiene que el futuro del país minero "debería ser discutido por el gobierno, los trabajadores y la Cámara de Minería para sentar las bases de una política estratégica" que permita "promover la industrialización de los recursos" y que "la sociedad, a traves del Estado pueda tener mayor participación en la riqueza".

El gerente de Aratirí, Fernando Puntigliano, aseguró que buscarán "mantener a los trabajadores en la medida de lo posible".