La liberación masiva de reclusos enfrenta al gobierno y oposición

EDUARDO BARRENECHE / PILAR BESADA

El gobierno y la oposición se enfrentaron por el anuncio de la liberación masiva de presos. La oposición dice que ello aumentará la inseguridad. El gobierno replicó que estos serán controlados en el marco de políticas alternativas a la prisión.

El senador de Alianza Nacional, Carlos Moreira, afirmó a El País que "no es una buena medida" la liberación de encarcelados porque muchos de estos "van a volver a delinquir".

En este momento, unos 2.000 presos ya cumplieron los dos tercios de sus penas y podrían ser liberados en caso de que el gobierno obedezca las disposiciones del Pacto de San José de Costa Rica.

A esa cifra se le debe restar aquellos reclusos que cometieron delitos inhabilitantes, tengan un historial de mala conducta y primarios con penas de entre seis meses y un año. Un estudio reciente realizado en el sistema penitenciario muestra que 850 reclusos podrán acogerse a la liberación anticipada, afirmaron fuentes gubernamentales a El País.

Moreira, quién representó al Partido Nacional en la Comisión Multipartidaria de Seguridad Pública, rechazó que el gobierno aplique el Pacto de San José de Costa Rica para liberar a 1.000 presos.

"Por más que se libere a presos con delitos más leves y que la reincidencia sea más baja, se pondrá en la calle a personas que han delinquido antes de que su pena se cumpla", dijo.

Moreira recordó que en el 2005 el gobierno de Tabaré Vázquez impulsó la ley de humanización de cárceles para descomprimir los presidios. En ese momento, los establecimientos penitenciarios alojaban a 7.200 reclusos. Con la ley fueron liberados unos 800. Se trataba de internos que habían cometido delitos leves.

"Considero que la Ley de Humanización de Cárceles no dio los resultados esperados porque al año los penales estaban llenos otra vez", dijo el parlamentario blanco.

Un informe del Ministerio del Interior, que evaluó los dos años de vigencia de la Ley de Humanización de Cárceles, señaló que el índice de reincidencia de los favorecidos por esa normativa fue del 18%. La tasa actual de reincidencia oscila entre un 60 y un 70%, según datos del comisionado parlamentario, Álvaro Garcé.

Moreira explicó que la baja tasa de reincidencias tras la ley de humanización de cárceles se debió a que el Patronato de Liberados y Encarcelados "actuó activamente. Ahora la situación de esta institución es otra desde el punto de vista presupuestal y de recursos humanos. Las carencias son notorias sobre todo en el interior del país".

A juicio del senador aliancista, las soluciones a problema del hacinamiento carcelario pasan por una ley de penas alternativas y por la construcción de nuevas plazas. "El gobierno anterior prometió que enviaría al Parlamento un proyecto de penas alternativas y nunca lo hizo. Este gobierno también hizo anuncios de ese tipo y tampoco los ha cumplido", expresó.

SEGURIDAD. El diputado colorado, Germán Cardozo, que interpeló en 2007 a José Díaz, citará a comisión a Bonomi "para conocer el alcance de la medida" de liberación de presos, y está dispuesto "a llegar hasta las últimas consecuencias", en cuanto a una interpelación.

"La consecuencia directa de esto va a ser el aumento del delito, la alarma pública, el pánico en la sociedad, y en pocos meses va a estar el problema nuevamente", afirmó Cardozo.

"No da para seguir haciendo experimentos. Con la prueba de José Díaz fue suficiente", advirtió el diputado colorado.

Cardozo calificó de "rotundo disparate" la iniciativa gubernamental. "Para hacer buena letra con los organismos internacionales y tener cifras aceptables de cantidad de reclusos, el gobierno transfiere su problema a la sociedad", dijo el parlamentario.

Por su parte, Bonomi afirmó que la cartera brindará "garantías" de que los presos contarán con medidas alternativas a la prisión. "No saldrán a la libertad así como así. Deberán cumplir penas domiciliarias, usar brazaletes electrónicos y serán supervisados por la Oficina de Seguimiento de Libertades Asistidas", dijo a El País.

El director general de Secretaría, Charles Carrera, dijo a Últimas Noticias del lunes 2 que "no cree que las pulseras puedan incorporarse en el corto plazo", ya que implica la contratación de tecnología, puesta de sensores en el domicilio del procesado y la aplicación de un software que no pueda ser de fácil violación.

Consultado Bonomi sobre las críticas de la oposición acerca de que estas liberaciones masivas no tendrán efecto alguno a corto plazo en el hacinamiento carcelario, respondió que dirigentes blancos y colorados "comparan" este plan con la ley de humanización de cárceles instrumentada en el 2005.

"Esto es otra cosa. Se trata de un paquete de medidas de seguridad. Dentro del mismo está la situación de cárceles. Hablamos de construir dos cárceles de alta seguridad, impulsar un proceso de descongestionamiento y de rehabilitación. Nuestro objetivo final es disminuir la inseguridad en el Uruguay. No estamos hablando de una política carcelaria al margen de una política de seguridad", expresó Bonomi.

El gobierno todavía no definió si enviará un proyecto de ley al Parlamento para habilitar las liberaciones de presos.

Entiende que el país ya suscribió el Pacto de Costa Rica y que, por ende, no necesitaría una iniciativa legal para comenzar las liberaciones de encarcelados.

LA propuesta del gobierno para la liberación de cientos de presos

Las medidas que impulsa el ministro del Interior Eduardo Bonomi para descongestionar el sistema carcelario implican liberar a un cúmulo de presos, que estiman entre 1.000 y 2.000.

La principal medida implica que los presos que no tengan sentencia de condena sean liberados cuando hayan cumplido los dos tercios de la pena mínima prevista para el delito por el que fueron procesados.

Según un relevamiento del Ministerio del Interior, hay 1.100 presos en estas condiciones.

Otra de las medidas que se evalúan es la liberación de los presos primarios menores de 28 años y con registros de buena conducta.

Estos reclusos liberados quedarían bajo la tutela de la Oficina de Supervisión de la Libertad Asistida (OSLA), creada recientemente.

La iniciativa de liberar a los presos sin condena surge a raíz del interés del gobierno de cumplir la Convención Americana sobre Derechos Humanos (conocida como el Pacto de San José de Costa Rica), y del informe 86/09 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.

La abundancia de presos sin condena en las cárceles del país deriva de la lentitud de los procesos judiciales.

En términos legales, hasta que exista condena, un procesado mantiene su presunción de inocencia.

Para el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Leslie Van Rompaey, acortar los tiempos de los juicios "es una preocupación permanente de la Corte. Se monitorean los casos y se intenta agilizar los procesos mediante acordadas", afirmó.

Sin embargo, Van Romapey estimó que "el problema carcelario no está vinculado con la abreviación de los procesos. Es un problema de aumento de la delincuencia y aumento de la efectividad de la persecución policial", indicó.

El sistema carcelario alberga a casi 9.000 reclusos. La mayoría son hombres.

El establecimiento con mayor hacinamiento es la cárcel de Las Rosas, de Maldonado, que tiene 150 plazas y alberga a 513 presos según datos de agosto de 2009. El nivel de hacinamiento es del 301%.

En la cárcel de Rocha el hacinamiento es del 290%, en Lavalleja 255%, en Cabido 228%, en el pabellón femenino de Canelones 177% y en el Comcar 173%.

Blancos ponen condición a firma

Los legisladores blancos presentaron una serie de iniciativas en la Comisión multipartidaria de seguridad relativas a los menores infractores que pretenden que sean incluidas en el acuerdo final. Según el diputado Jaime Trobo, de no ser incorporadas en el pacto, el Partido Nacional votará el acuerdo "pero con salvedades". El diputado Luis Lacalle Pou desarchivó un proyecto para que no se eliminen los antecedentes penales de los menores infractores al cumplir 18 años. El proyecto fue puesto a consideración porque "en estos tiempos se ha dado un diálogo más fecundo entre gobierno y la oposición", según Lacalle Pou. Además, los blancos impulsarán la creación de un instituto de rehabilitación para los menores infractores que incluya tratamientos por drogas.

El 10% de los presos irán a las chacras

"Yo me había planteado sacar las cárceles de la Policía pero la prioridad es descongestionarlas para tener las mismas plazas por lo menos, que los presos que hay", dijo el ministro del Interior, Eduardo Bonomi.

Con una meta fijada a abril del año próximo, el Ministerio del Interior se plantea eliminar el hacinamiento existente en las cárceles del país, para luego comenzar con las tareas de rehabilitación. Además del plan de liberación de presos, la cartera pretende transformar las 18 chacras policiales que existen en todo el país en cárceles de mediana y mínima seguridad que permitirán dar alojamiento a unos 1.000 reclusos.

A partir del año 2006, en el Complejo Policial Campanero -ubicado a unos tres kilómetros de la planta urbana de Minas-, se construyó una barraca de mínima seguridad con capacidad para alojar 20 reclusos.

Siguiendo esa experiencia, Bonomi anunció que invitará a todos los Jefes de Policía a visitar el lugar para que luego hagan lo mismo en sus departamentos, ya que ésta será la política para las chacras policiales.

Tras asumir este año el inspector principal Luis Martinelli como nuevo Jefe de Policía de Lavalleja, el jerarca policial advirtió que la situación de hacinamiento que existe en la cárcel minuana "imposibilitaba rehabilitar" a un preso, ya que el ocio es la "madre que campea" por el establecimiento.

La cárcel minuana aloja a 104 reclusos en una edificio con 100 años. El presidio cuenta con 40 plazas.

En la chacra de Campanero los reclusos trabajan durante todo el día construyendo bloques, baldosas o atendiendo los animales de la granja, trabajan la quinta, el aserradero y el taller mecánico.

Según Bonomi en un año la cárcel de Minas, ubicada en el centro de la ciudad, será cerrada. (Producción: Fernando Bonhomme)