El servicio de limpieza del Hospital Maciel se está viendo afectado por un conflicto que mantienen sus funcionarios en reclamos de haberes impagos.
Los usuarios del hospital se ven inmersos en un contexto de asambleas y movilizaciones diarias donde se reclaman por los atrasos en los sueldos y mejores condiciones laborales.
En el caso de la empresa de limpieza del Maciel, Clanider SA, sus funcionarios iniciaron un paro de actividades a principio de la semana y aún lo mantienen. Los empleados de Clanider trabajan a reglamento: sólo cubren tareas esenciales de limpieza en sectores específicos y prioritarios del hospital.
Los funcionarios reclaman el pago de los sueldos de julio. Un atraso que se ha repetido varias veces en los últimos meses, y sobre todo desde que el director de Clanider, Gabriel Laindekar, fuera procesado con prisión por sobrefacturación.
Además, sostienen que trabajan en condiciones poco adecuadas y dicen que muchas veces ni siquiera tienen los materiales necesarios para ejercer su tarea. Esto se verificó ayer, cuando se hizo un pedido de insumos de limpieza a primera hora de la mañana y recién llegó sobre la tarde, cuando ya se había hecho un pedido de emergencia al Hospital Español.
En tanto, a la empresa que se encargaba de la seguridad, Fiorito, (también cuestionada por sobrefacturación) se le rescindió el contrato y comenzó a gestionar este servicio una Organización No Gubermantal (ONG) que también trabaja en el Hospital Pereira Rossell. Los ex funcionarios de Fiorito dicen que la empresa les adeuda algunos pagos.
Nurses. En tanto, las licenciadas en enfermería que trabajan en los CTI del Maciel resolvieron levantar las medidas que habían iniciado hace unas semanas.
Según dijeron a El País fuentes del hospital, esto obedeció a que se logró instalar una mesa de negociación con el directorio de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), donde se procurará atender las demandas de las funcionarias.
Las nurses reclaman el cumplimiento de un convenio salarial firmado en noviembre de 2008, pero también iniciaron el conflicto para denunciar la "disminución de calidad de atención" en todos los CTI de los hospitales públicos.
Esta merma en la calidad de los servicios es atribuida por las licenciadas a tres factores: la "fuga" de nurses al ámbito privado en busca de mejores condiciones laborales y económicas; dotación "insuficiente" de licenciadas para cubrir una determinada cantidad de pacientes, y el ingreso de profesionales "sin formación ni experiencia en áreas críticas".