LA NACIÓN/GDA
BUENOS AIRES | Falta un año para las elecciones generales en Argentina y diez meses para las internas, pero todavía no se sabe con qué reglas se va a votar. En la Justicia, al igual que en la oposición, crece la preocupación por los puntos oscuros que mantiene la ley sancionada por el Congreso a fines del año pasado y que el gobierno se demora en reglamentar.
La incertidumbre abarca todos los rubros: no hay presupuesto asignado para actualizar los padrones, se desconoce si se autorizarán o no las "listas colectoras", no hay especificaciones sobre el criterio que se usará para distribuir la publicidad audiovisual (sólo se podrán utilizar espacios otorgados por el Estado) y hay dudas acerca de cómo se controlará el financiamiento de las campañas.
Los temores de la Justicia se filtraron en una advertencia pública de la jueza porteña María Servini de Cubría, en particular por la imposibilidad de actualizar los padrones.
Desde los ámbitos político y judicial coincidieron en marcar una ventaja operativa para el oficialismo, el único que sabe de antemano como se van a definir esos temas sensibles para el desempeño electoral.
Las señales de alarma son muchas. Se cuestionan algunos aspectos en que la ley es demasiado vaga y otros que se acordaron, pero que no están en condiciones de entrar en vigor. Un tema sensible es el reparto de publicidad. La ley prohíbe completamente la contratación de avisos de campaña en radio y TV. Esos espacios serán asignados por el Poder Ejecutivo a los partidos en todos los medios del país y ocuparán el 10% de la programación los 23 días antes de los comicios.
Pero no termina de definirse con qué criterios se asignarán medios y horarios. "Si sacan de la grilla visible a un candidato la última semana, lo hunden, y cuando la Justicia actúe, ya será tarde", advirtió el jefe de la UCR en el Senado, Gerardo Morales.
Calidad de la educacióN: el 70% la critica
Críticos y con poca esperanza de cambios, siete de cada diez argentinos creen que el sistema educativo es regular o malo, según un estudio de TNS Gallup. Las expresiones más críticas se registraron entre los mayores de 50 años (39%), universitarios (38%), la clase media y alta (42%) y residentes del Gran Buenos Aires (42%). (LA NACIÓN/GDA)