El complejo final de una guerra

por Martín Aguirre

"Tendíamos a parecer casi un país feudal con tranqueras por una cuestión de chapas", afirmaba el presidente Mujica al anunciar hace exactamente un mes el acuerdo con los jefes comunales que pondría fin al conflicto por las patentes. "Las cosas no se superan a pechazos y decretos", agregaba el mandatario mientras posaba rodeado por 19 intendentes que derrochaban sonrisas y gestos amables. Pero en semanas el clima cambió en forma drástica. "La actitud de la oposición siempre es encontrar el pelo en el huevo", decía Mujica días atrás. Y acusaba sin ambigüedades a "la politiquería de los partidos tradicionales que actúan por encima de los intereses del país". ¿Qué motivó este cambio tan agudo? ¿Peligra realmente la esperada solución a esta guerra absurda?

Dos cosas se pueden destacar de la fórmula encontrada por el gobierno para destrabar este añoso conflicto. Primero que fue muy negociado. Durante más de un año los jefes comunales debatieron con el gobierno central la mejor manera de llegar a un acuerdo. Segundo, que se buscó un arreglo extensivo, que abarcó desde los problemas de recaudación básicos, hasta temas como las deudas de las intendencias con entes públicos. Así se llegó a un proyecto que parecía contemplar todos los puntos de vista.

Por un lado se crearía un sistema único de recaudación de ingresos vehiculares, el cual sería administrado por un fiduciario profesional. Por otro se unificarían los criterios de aforo de vehículos, estableciéndose que aquellos anteriores a 1975 no pagarían nada, y de allí en más habría una escala progresiva en función del año, el modelo, y el valor de mercado. El proyecto asegura a las intendencias, en tanto, que desde el año 2012 a 2015 no recaudarán -por el tributo- menos dinero que en el año 2010. Además se establecía un criterio por el cual el Estado central aumentaría el subsidio al alumbrado público departamental, un problema que ha generado deudas históricas para muchas intendencias.

Hasta ahí lo positivo. Pero pasados algunos días comenzaron a oírse también los costados negativos del acuerdo.

Primeramente la amenaza de sanción. Según el acuerdo las comunas que no se adhieran al nuevo sistema no podrán acceder más que a 60% de las partidas que de acuerdo con la Constitución otorga el gobierno a los departamentos. Segundo, la supuesta inconstitucionalidad de algunos aspectos del proyecto, como que los fondos sean administrados por un agente externo a las intendencias, o que el gobierno central fije los montos de tributos que la Carta define como recursos genuinos de las comunas.

Pero el aspecto más polémico pasa por la justicia del núcleo central del acuerdo, y la forma en que ignora o no reconoce a las intendencias que se han esforzado por tener una administración razonable, frente a las que han hecho desastres con los recursos de sus habitantes. Por ejemplo, gracias a este acuerdo las patentes de departamentos como Montevideo o Canelones bajarían en un 70% de promedio, mientras que las de otros como San José o Florida aumentarían casi al doble. Esto ha llevado a que legisladores opositores sostengan que los contribuyentes de Colonia, por ejemplo, terminarán pagando por la mala administración montevideana. Además, al asumir el gobierno nacional las pérdidas que sufran los departamentos con patentes más caras en el período de transición, hay ciudadanos que ni siquiera tienen auto, y que estarán financiando estos cambios con sus impuestos.

Y, como si fuera poco, se cuela el argumento político. El diputado colorado Daniel Bianchi ha denunciado que con este acuerdo se volcarán más de US$ 130 millones por año a las comunas de Montevideo y Canelones, gobernadas por el Frente Amplio, lo cual les permitirá hacer obras que tendrán un rédito político, sin que estas hayan modificado su presupuesto, históricamente deficitario. Algo que parece estar en la raíz del conflicto, y que el ex- intendente de San José, Juan Chiruchi, explicó gráficamente al afirmar que "si las casas de Montevideo tuvieran rueditas pagarían contribución en el interior porque están en el lugar más caro del mundo".

Como suele pasar con todo problema de fondo, hay argumentos válidos en ambos extremos del espectro. Es verdad que un país como Uruguay no puede tener 19 "feudos" que estén permanentemente en guerra por atrapar contribuyentes. Es verdad que el gobierno nacional tiene la responsabilidad de encontrar una solución a este conflicto. Y que esa solución es clave para destrabar otros problemas aun más graves, como que el país no tenga un registro único de infractores, algo que permite que quien pierde su libreta por conducir mal en un departamento, pueda sacarla nuevamente en otro.

Pero también es verdad que el acuerdo no contempla a las comunas que han hecho un esfuerzo por tener una buena administración, y premia a las que no lo hacen, algo que excede los colores políticos. Que hay serias dudas sobre la constitucionalidad de algunos aspectos. Pero sobre todo, que en un país donde los contribuyentes son tan poco respetados, priva a los mismos de tener "precios testigo" que les permitan tener una idea objetiva de la magnitud del abuso al que están siendo sometidos.

La frase.

"Tal vez llevamos la autonomía sin darnos cuenta a nivel de la soberanía. Pero las cosas no se superan a los pechazos" (José Mujica).

La frase II

"Si las casas de Montevideo tuvieran rueditas pagarían contribución en el interior porque están en el lugar más caro del mundo" (Juan Chiruchi).

El dato.

Montevideo recaudó por patente en 2009 US$ 82 millones, y piensa gastar en vialidad tan solo US$ 23 millones.