Auditarán 10.000 causas en las que intervino Damasco

E. BARRENECHE / P. MELENDREZ

Cerca de 10.000 expedientes tramitados por la jueza Anabella Damasco en 12 años serán revisados en forma manual por la jueza Adriana de los Santos y peritos para constatar si hubo o no otros casos de manejo irregular de dineros incautados.

El miércoles 2, la jueza Anabella Damasco fue procesada con prisión por siete delitos de peculado cometidos entre 2004 y 2007. Al día siguiente, jueves 3, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) resolvió suspender en sus funciones de Ministra del Tribunal de Apelaciones en lo Penal a Damasco; solicitar al Fiscal de Corte que se pronuncie sobre la renuncia presentada por la magistrada y que se efectivice una investigación administrativa en el Juzgado Penal de 14º Turno.

Esta investigación, que será realizada por la actual jueza de esa sede, Adriana de los Santos, abarcará al destino de todos los fondos incautados y depositados durante la titularidad de Damasco -05 de mayo de 1997 a 12 de junio de 2009-.

Fuentes judiciales señalaron a El País que, en una primera instancia, se analizó la posibilidad de solicitar al Banco República que envíe a De los Santos un listado con todas las cuentas con dineros incautados en expedientes judiciales.

De esa manera, agregaron, disminuiría el número de expedientes a investigar. Dos de los tres expedientes de los cuales Damasco retiró dinero desaparecieron, y debieron ser reconstruidos.

Sin embargo, la investigación realizada por el juez de Crimen Organizado, Jorge Díaz, constató que, por lo menos en un caso, Damasco no depositó en el Banco República el dinero incautado.

Las fuentes explicaron que ello obliga a la magistrada y a las peritas contables del Instituto Técnico Forense (ITF) a revisar en forma manual cada expediente de papel para saber si hubo o no incautaciones de dinero durante los procedimientos realizados durante la gestión de Damasco.

De los Santos y los peritos revisarán absolutamente todos los expedientes: en trámite y archivados, según las fuentes. Ello llevará varios meses de trabajo a la magistrada y a sus asesores porque los juzgados penales tramitan un promedio de 800 expedientes anuales, según estadísticas del Poder Judicial.

Damasco estuvo en el juzgado penal 14° turno 12 años, lo cual determina que serán investigados unos 10.000 expedientes de papel.

Las fuentes explicaron que, a diferencia de lo que ocurre en los juzgados civiles donde hay contraposición de intereses y un seguimiento de los fondos incautados, los dineros depositados en el Banco República por los juzgados penales "estaban algo abandonados. Ahora la Suprema Corte pedirá al Banco República el listado de todo el dinero incautado y depositado por la Justicia Penal".

Prácticamente no existen controles del Poder Judicial sobre las cuentas del Banco República con dinero incautado durante investigaciones judiciales.

En cada caso donde se incauta dinero ese monto es ingresado a una cuenta a nombre del expediente en el Banco República. Esos fondos quedan a disposición del juez de la causa, que al finalizar el proceso, deberá decidir si lo reintegra a su propietario o los deriva a Rentas Generales o a la Junta Nacional de Drogas en casos de narcotráfico.

El jueves 3, el juez Jorge Díaz interrogó a las dos actuarias que debían firmar junto con la jueza Damasco el retiro de dinero de las cuentas. En uno de los casos, la actuaria firmó un oficio con retiro de dinero a nombre de Damasco y no siguió el procedimiento que indica que el oficio debe ir para el dueño de esos fondos, cuyos nombre consta en el expediente penal."Se trata de una irregularidad. La actuaria declaró que lo hizo de buena fe porque la jueza le señaló que el expediente había concluido y todo estaba en regla", explicó una fuente de la investigación.

El robo de dinero incautado no es nuevo para el Poder Judicial, según fuentes judiciales. Ocurrieron casos de funcionarios que falsificaron oficios y firmas de jueces para retirar esos fondos, agregaron.

CONSULTORÍA. En otro orden, el Colegio de Abogados del Uruguay (CAU) resolvió contratar una consultoría especializada "para relevar la situación de funcionamiento de los juzgados mediante un estudio técnico externo que proporcione información sobre las carencias e irregularidades existentes".

El CAU tomó la decisión de realizar la consultoría en un encuentro que tuvo lugar el pasado sábado 29 de octubre en el departamento de Durazno. El presidente de la gremial, Jorge Abramo, aclaró que la medida no tiene ninguna vinculación con el caso de Damasco.

En particular, en la reunión de Durazno, se analizaron las dificultades existentes en los juzgados del interior del país por falta de infraestructura y de funcionarios en las sedes.

Mientras la consultoría no esté culminada, los colegios de abogados del interior deberán dar cuenta al CAU de sobre las situaciones que "afecten severamente" el funcionamiento de los juzgados para que se informe a la Suprema Corte.

La Policía brinda seguridad a fiscal

Efectivos del Departamento Especial de Operaciones (DOE) brindan seguridad y custodian la vivienda de la fiscal Mónica Ferrero desde mediados del año pasado. Ferrero recibió amenazas de personas relacionadas con un caso investigado por el Juzgado de Crimen Organizado, afirmaron a El País fuentes policiales.

En el 2010, Ferrero solicitó el procesamiento de varios oficiales de la Armada Nacional por irregularidades en las compras y en el uso de vales de combustibles.

Las fuentes expresaron que la fiscal efectuó la denuncia para que la Policía investigue el origen de las amenazas e informó de ello a miembros de la Suprema Corte de Justicia.

Fuentes judiciales señalaron a El País que Anabella Damasco dijo en el Juzgado de Crimen Organizado que extrajo US$ 55.000 de cuentas bancarias con dinero incautado porque "estaba siendo coaccionada", aunque no respondió la pregunta del juez Jorge Díaz sobre quién la amenazaba.

El jueves 3, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, expresó que le constaba que "hay más de un juez amenazado". Ese mismo día, la Asociación de Magistrados del Uruguay afirmó que no le constaba esa información.