Estado asumió responsabilidad por desaparición de María Claudia García de Gelman

Con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Daniel Gutiérrrez, a su izquierda; con el vicepresidente de la República, Danilo Astori, a su derecha y ante la mirada de Macarena y Juan Gelman, el presidente de Uruguay, José Mujica, reconoció la responsabilidad del Estado por la desaparición de María Claudia García de Gelman.

"En nombre de la República Oriental del Uruguay como entidad colectiva, y en el marco de los principios de continuidad y sucesión del Estado, independientemente del ámbito temporal y material en que ocurrieron los hechos, el Estado uruguayo reconoce su responsabilidad institucional por la desaparición forzada de María Claudia García Irureta de Gelman, por lo cual violó sus derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la libertad" leyó Mujica, en un discurso de poco menos de 20 minutos en la sala de la Asamblea General.

"Uruguay, como Estado, asume su responsabilidad jurídica internacional y su responsabilidad ética por dichos hechos", agregó.

De esta manera, Uruguay cumplió con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al país a pedir perdón por la desaparición forzada de la madre de Macarena.

En la declaración de cinco carillas, el primer mandatario recordó brevemente el caso Gelman, tras lo cual afirmó: "El Estado es responsable por la supresión y sustitución de la identidad de María Macarena Gelman. También el Estado es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal y a la protección de la familia en perjuicio del señor Juan Gelman, abuelo de Macarena, como consecuencia de los sufrimientos ocasionados por estos hechos".

Cabe recordar que Macarena nació durante el cautiverio de su madre, María Claudia García, a quien luego le quitaron su hija para entregársela a otra familia.

Durante el discurso también se hizo alusión al Plan Cóndor y al terrorismo de Estado, a raíz del que "centenares de personas fueron víctimas de torturas, ejecuciones y desapariciones forzadas como parte de una práctica sistemática".

"El Estado uruguayo integró el llamado Plan Cóndor, una coordinación internacional con Argentina, Brasil, Chile, Bolivia y Paraguay, para desplegar la persecución por razones ideológicas a los habitantes de los países referidos y proceder a su detención y traslado clandestino o decidir el asesinato o desaparición de los detenidos", señaló Mujica en la declaración.

"Conforme a ello, el Estado condena" los sucesos "y afirma su compromiso con la Justicia y su voluntad de que hechos similares no vuelvan a repetirse", añadió Mujica y finalizó el discurso con la siguiente frase: "El Estado seguirá dando pasos firmes a efectos de reparar el daño".

El denominado acto del perdón tuvo lugar pocos días después de que se hallaran nuevos restos humanos en el Batallón 14, en el marco de la investigación por la desaparición de María Claudia. Los mismos están siendo analizados para determinar su identificación.

Además, se realizó cinco meses después que el juez Pedro Salazar procesara con prisión a José Nino Gavazzo, José Ricardo Arab Fernández, Gilberto Valentín Vázquez Bisio, Jorge Silveira Quesada y Ricardo José Medina Blanco como coautores penalmente responsables de un delito de homicidio muy especialmente agravado de María Claudia García de Gelman, nuera del poeta argentino Juan Gelman.

El letrado también dispuso pedir la extradición a Brasil de Manuel Cordero por el mismo caso. El exmilitar cumple condena en Argentina.

LEY DE CADUCIDAD . El discurso de Mujica tuvo también una referencia a la Ley 15.848, en la que se "reconoce que ha caducado la pretensión punitiva del Estado respecto a los delitos cometidos hasta el 1° de marzo de 1985".

"El Estado reconoce su responsabilidad por la violación a las garantías judiciales y a la protección judicial por la falta de investigación efectiva de los hechos del presente caso (Gelman) y el juzgamiento y sanción de los responsables en perjuicio de Juan y Macarena Gelman como consecuencia de la interpretación y aplicación que el Estado dio a la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, respecto de graves violaciones a los Derechos Humanos", leyó el presidente.

Aunque dicha normativa no logró los votos para anularse, en octubre del año pasado el Parlamento sancionó el proyecto de ley que declara que los delitos cometidos durante la dictadura son de lesa humanidad, con lo que se elimina la prescripción de los mismos.