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Metalúrgicos. Hay dos recursos de amparo ante la Justicia
PABLO MELGAR
Los empresarios metalúrgicos afirman que las ocupaciones de fábricas iniciadas el lunes se produjeron en forma "muy violenta" por parte de un grupo de 40 o 50 "patoteros" de la Untmra. Los empresarios aceptan negociar con ocupaciones.
El conflicto entre el sindicato metalúrgico Untmra y la patronal no se detiene. Por el contrario, las ocupaciones se mantienen y se anuncia que habrá más acciones en los próximos días. Ayer la Cámara Metalúrgica (CM) resolvió ofrecer algunos detalles de la forma en que se produjeron las ocupaciones luego que el ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, saliera a minimizar las advertencias de actos violentos en el transcurso del conflicto.
"Serían 40 o 50 tipos. Entraron fábrica por fábrica pateando todo, insultando a los que querían trabajar, fue todo muy violento". De esa manera Miguel Oliveros, presidente de la CM, narró la forma en que entraron los militantes de Untmra a las industrias del sector.
Confirmó que en algunas plantas se pudo ver "actos de violencia" contra "puertas y candados". "Amenazaron e insultaron a empresarios y a los trabajadores que no se sumaban a la medida", señaló.
Días antes de la ocupación algunos empresarios se manifestaron dispuestos a resistir las medidas sindicales. Tras los ingresos violentos no se radicaron denuncias policiales por los daños producidos por parte de los trabajadores, según señalaron voceros de la CM.
Para Oliveros el sindicato ocupó 22 plantas y no 62, como anunció ayer la Untmra, además, aclaró que en varias plantas hubo piquetes de trabajadores en la entrada a las fábricas sin llegar a ingresar. "En el 58% de las empresas afiliadas a la Cámara no hubo medidas de ningún tipo, tenemos unos 100 socios", dijo Oliveros.
En la mañana de ayer el ministro Brenta salió a enfriar el conflicto de la industria y rechazó que las partes se hayan mostrado proclives a usar la fuerza.
"Vemos mal el uso de la fuerza como anunciaron los trabajadores y empresarios. El uso de la fuerza es una mala medida, hasta ahora fue solo un anuncio, no hemos sabido de hechos de violencia", dijo.
Los empresarios ya habían anunciado que no están dispuestos a negociar en medio de las medidas sindicales, por tal motivo resolvieron que se reunirán únicamente con Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) mientras se mantengan las ocupaciones.
Esta semana empresarios y trabajadores volverán a negociar, cada uno por su lado, en Dinatra luego de meses de haberse retirado del ámbito tripartito, confirmó a El País el director de Trabajo, Luis Romero.
"Una vez que no llegan a acuerdo les pedimos para ver si podemos ayudar a solucionar el tema como corresponde", señaló Romero. El funcionario se mostró cauteloso a la hora de definir la magnitud de la medida de la Untmra.
Ambas partes serán citadas por separado para conocer los detalles de las reivindicaciones de los trabajadores y la defensa de las empresas.
El Ministerio de Trabajo aún no tiene claro el efecto de la medida del sindicato. "Nos falta información, no sabemos si es gente parada frente a las plantas u obreros que efectivamente están ocupando", mencionó Romero.
Sin embargo, la Dinatra tuvo conocimiento que el viernes pasado, cuando ya se sabía que el lunes se producirían ocupaciones, algunas empresas cerraron preventivamente sus puertas. "Estamos averiguando, si se cierra una empresa por parte de un empresario es lock-out", sostuvo Romero a El País.
En esta jornada se presentaría el sindicato y el jueves lo harán las cámaras empresariales.
Justicia. La estrategia empresarial gira en torno al Poder Judicial. La Oficina de Recepción y Distribución de Asuntos del Poder Judicial recibió ayer dos acciones de amparo impulsadas por empresarios para que se levante la ocupación. Los casos fueron derivados uno a la jueza civil Cristina Crespo y el otro a su colega Estela Jubette.
Oliveros anunció que las empresas afectadas presentarán otras acciones de amparo en el correr de esta semana.
La movilización alcanza a unos 5.000 trabajadores sindicalizados de todo el país, según datos de la Untmra, un sindicato al que se le reconoce su condición de "combativo" por su continua presencia en las movilizaciones.
Ancap. El sector metalúrgico no es el único que mira con atención la evolución de la huelga. Uno de los puntos afectados son las obras en la refinería de Ancap en Teja, que se encuentra parada por tareas de mantenimiento y se preveía que quedaría fuera de funcionamiento durante 90 días.
Durante esta etapa, Ancap no refina petróleo, abasteciendo al mercado interno con combustibles importados. El director colorado de Ancap, Juan Justo Amaro, dijo a El País digital que "existe mucha preocupación" por lo que pueda suceder en el conflicto y advirtió que en caso de prolongarse, "tendría un costo económico importante para la empresa".
El 19 de septiembre pasado el juez letrado de Durazno, Silvestre Barreda Rivero, hizo lugar a una acción de amparo impulsada por un grupo de trabajadores de la firma Molino Antonacio Caorsi S.A. (Macsa) que no se habían sumado a la ocupación que días atrás había iniciado el sindicato de trabajadores de la empresa.
El magistrado actuante otorgó 24 horas para el desalojo "bajo apercibimiento del uso de la fuerza pública". Al otro día los trabajadores resolvieron desalojar las instalaciones del molino duraznense.
Desde la Cámara de Industrias (CIU) se está impulsando a los empresarios afectados por las ocupaciones a que presenten acciones judiciales basados en el fallo de Barreda y en otros casos similares ocurridos en el interior.
Para el ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, hay herramientas legales para ordenar la desocupación de los lugares de trabajo que se han utilizado con mayor fuerza en el interior del país. "Los empresarios por lo general no utilizan el decreto que hay sobre las ocupaciones, pero en varios casos, recuerdo alguno en Durazno y otro en Cerro Largo, los trabajadores que no se sumaron a la huelga presentaron un recurso de amparo y la Justicia determinó la desocupación rápida del lugar de trabajo", Brenta a El País.
En su fallo, el juez de Durazno menciona que no existe una ley que autorice las ocupaciones. Recordó que el decreto 165/2006 instrumenta la desocupación en 24 horas.
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