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Bolivia. Indígenas, cocaleros y socialistas están defraudados
CARLOS TAPIA
"¡Es uno de los nuestros!", festejaban los indígenas bolivianos, los más rezagados de la población, cuando Evo Morales llegó al poder. Seis años después "El Jefazo", como solían decirle, decide reprimirlos por protestar contra sus planes.
Durante esta semana se vivieron en La Paz las más grandes manifestaciones contra el gobierno de Morales. Indígenas, cocaleros y socialistas, que lo coronaron presidente y votaron, referéndum tras referéndum, todos los caprichos que el mandatario quiso, le dieron la espalda. No toleraron lo que pasó hace siete días, cuando policías reprimieron brutalmente a nativos que se negaban al proyecto estatal que preveía construir una carretera a través del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), una reserva natural de 10.000 kilómetros en la que viven 50.000 indígenas.
Los manifestantes, citados por la Central Obrera Boliviana (COB) -que también supo ser un fuerte aliado de Morales- tomaron las calles de la capital el miércoles. Ese días se pudieron oír frases como "¡Evo es la misma porquería!" o "¡Qué renuncie! ¡Qué renuncie!".
La crisis llevó a que dos de sus ministros (Cecilia Chacón, de Defensa, y Gabriel Sacha Llorení, de Interior) dimitieran, ventilando las diferencias persistentes desde hace meses en el seno del partido de gobierno, el Movimiento al Socialismo (MAS).
"Hay una división en el MAS y esto no es nuevo. La protesta indígena lo que hizo fue hacer que algunos que ya estaban descontentos decidieran apoyar a los manifestantes y no a Morales", señaló a El País el ex vocal de la Corte Nacional Electoral de Bolivia y analista político, Jorge Lazarte.
"El gobierno empezó a distanciarse cada vez más del texto constitucional que hizo aprobar en 2009 y que establece ciertos derechos para los indígenas. A media que Morales fue violando los acuerdos ellos empezaron a pedirle cuentas. El oficialismo creyó que podía seguir gobernando imponiendo sus decisiones, pero ellos reaccionaron", añadió.
La crisis que se vive en el país se traduce en cifras. Cuando el 22 de enero de 2010 Morales asumió su segundo mandato consecutivo, su popularidad era mayor al 70%. En cambio, los sondeos de este último mes, cuando las protestas indígenas se incrementaron, le dan apenas un 37%.
Morales acusó aviso. Suspendió temporalmente la construcción de la ruta. Dijo que las protestas eran "una profundo llamado de atención" para su gobierno. "A las familias de las víctimas que me disculpen", se disculpó el mandatario en referencia a quienes fueron salvajemente reprimidos por las autoridades la semana pasada. Los indígenas sostienen que hay 22 desaparecidos desde el día de la golpiza contra los manifestantes; el gobierno lo niega.
Morales fue el dirigente cocalero indígena que llenó de esperanza a los pueblos originarios cuando llegó al poder. Masticó una hoja de coca en pleno encuentro de las Naciones Unidas, expulsó a la DEA de su país, reformó la Carta Magna garantizando los derechos constitucionales de los indígenas y emprendió una audaz nacionalización de los hidrocarburos. Sin embargo, muchos de los que lo apoyaron creen que ya no es el mismo.
"Se pasó de una crisis de credibilidad a una crisis de legitimidad. Es como si el gobierno hubiera perdido el derecho a seguir gobernando y eso no había ocurrido en estos últimos seis años. Me recuerda mucho a lo que pasó en Bolivia en la primera mitad de los años 2000", compara Lazarte. El analista se refiere a la revuelta popular que obligó a dimitir al gobierno derechista de Gonzalo Sánchez Lozada. La rebelión sucedió en 2003 y dejó un saldo de 63 manifestantes muertos.
37% Es el porcentaje de popularidad que tiene Evo Morales hoy; cuando asumió por segunda vez en enero de 2010 la cifra era 70%.
La Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos (ALDHU) expresó esta semana su "preocupación por la violenta represión ejercida por el gobierno de Bolivia sobre la marcha de los pueblos originarios del oriente amazónico que reclamaban pacíficamente sus derechos".
En un comunicado, ALDHU condenó la "flagrante violación de los más elementales derechos humanos consagrados en las normas universales y regionales vigentes, y en particular, de los derechos inalterables de los pueblos indígenas".
La Asociación denuncia que el propio presidente Evo Morales "ordenó la disolución de la marcha por la fuerza, lo que tuvo como resultado un alto número de heridos y detenidos".
La delegada de ONU en Bolivia, Yoriko Yasukawa, en tanto, instó al "cese inmediato de la violencia contra indígenas".
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