Estudian 30 propuestas público-privadas

VALERIA GIL

La Corporación Nacional para el Desarrollo tiene en carpeta más de 30 proyectos para la construcción de obras de infraestructura bajo el régimen de Participación Público-Privada.

La construcción de 2.000 nuevas plazas en la Cárcel de Punta de Rieles y la refacción de las rutas litoraleñas 21 y 24, son las dos primeras obras que se concretarán bajo el régimen de Participación Público-Privada en Uruguay.

La llamada ley de PPP fue aprobada el pasado 12 de julio y permite le asociación estatal con privados para la construcción de infraestructura. Desde que fue promulgada la norma por el Poder Ejecutivo, la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) recibió más de 30 proyectos de parte de ministerios, entes y servicios descentralizados.

El director de la CND en representación del Partido Nacional, Rodrigo Goñi, dijo a El País que los proyectos serán sometidos en los próximos días a un estudio de factibilidad, en el que se determinará si se ajustan al marco legal aprobado por el Parlamento.

Una vez que sean avalados por la CND, los proyectos volverán a la unidad ejecutora de origen para ser estudiados a fondo. Dependiendo de la prioridad a la que se le asigne a cada uno, los proyectos pueden iniciarse en meses o años.

Según explicó Goñi, no se puede calcular el monto de inversión que requieren las propuestas para ser ejecutadas, porque eso dependerá de los llamados a licitación que se harán para el inicio de las obras.

En la treintena de proyectos que tiene a estudio la CND hay diferentes propuestas, pero los que más se repiten son los puertos náuticos. Al menos ocho de las 30 propuestas refieren a la construcción o refacción de estos puertos a lo largo de toda la costa. A eso se agregan tres puertos comerciales.

Además, entre los proyectos más importantes, aparece la construcción de un Centro de Convenciones en Punta del Este. También hay iniciativas para la concreción de una terminal de disposición final de residuos, la construcción de terminales graneleras, obras viales, represas y terminales de ómnibus. Si bien cada propuesta es distinta, los privados tienen participación en el diseño, la construcción y la operatividad de la obra. Una vez finalizado el plazo estipulado por ley para la administración de la obra, la propiedad pasa a ser parte del patrimonio del Estado. Mientras tanto, el privado debe encargarse en un 100% de la operatividad de la infraestructura que construyó. Para comenzar las obras, las empresas podrán recurrir a fondos de AFAP, de bancos, organismos multilaterales de crédito y fondos de inversión. Se pueden presentar tanto empresas nacionales como extranjeras interesados en invertir en Uruguay.

Este lunes, la CND terminará de redactar el primero de los decretos reglamentarios de la ley de Participación Público- Privada y allí se establecerán los mecanismos para la construcción de las nuevas obras que se hagan por esta vía, adelantó Goñi a El País.

La ley de obras es uno de los caminos que emplea la CND para concretar la edificación de infraestructura. Goñi indicó que además se trabaja en conjunto con la Corporación Vial a nivel de todo el país, lo que permite el mantenimiento de las carreteras en buen estado.

Por otra parte, la Corporación también se encarga de ejecutar las obras correspondientes a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).

Ahora, se trabaja sobre la edificación de un centro que albergue a menores como forma de solucionar el hacinamiento en las colonias de reclusión.